Ciudad de México. En México cuatro de cada 10 personas están encarceladas sin recibir sentencia. Hasta mayo de este año había 226 mil 646 reclusos en las cárceles federales y locales. Estadísticas del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social muestran que, en el ámbito de la justicia federal, 46.2 por ciento de internos tienen juicios en curso, mientras en el fuero común el porcentaje es de 35.1.

Abogados y juristas refirieron que el llamado nuevo sistema de justicia penal, aunque es la mejor opción para sancionar a quien comete un delito, no ha tenido el impacto esperado: hay retrasos de hasta seis meses para que se realicen audiencias de imputación, desahogo de pruebas y etapas intermedias, debido a demoras en los juzgados y tribunales. Además, la justicia federal aún trabaja a 30 por ciento de su capacidad a raíz de la pandemia de covid-19, señalaron litigantes como Epigmenio Mendieta y Sandino Rivero.

Funcionarios federales del ámbito judicial dijeron que en los tribunales de amparo hay procesos que tardan años en desahogarse por estrategia de los equipos de defensa de los acusados, ya que interponen recursos contra cada decisión, lo cual afecta el rápido desahogo de los juicios.

Explicaron que parte de las dificultades para que haya menos personas en prisión preventiva o sujetas a proceso radica en que las fiscalías “venden” la posibilidad de llegar a acuerdos reparatorios, faltan políticas públicas de prevención del delito, hay deficiente preparación en el nuevo sistema adversarial y todo ello deriva en lentitud de los casos.

Desde 2019, tendencia al alza

En 2016, cuando se puso en marcha el actual sistema de justicia, vino un periodo de disminución de la población penitenciaria, al establecerse mecanismos de sustitución de la pena y medidas para evitar la prisión preventiva. Este fenómeno concluyó en 2018.

En 2015 había 247 mil 488 presos. De 2016 a 2018 la población penitenciaria disminuyó en 49 mil 500 registros y concluyó diciembre de 2018 con 197 mil 988 presos. A partir de enero de 2019 la tendencia de personas recluidas ha ido en aumento: hasta mayo de este año se contabilizaban 226 mil 646 personas privadas de la libertad.

El Cuaderno Mensual de Información, Estadística Penitenciaria Nacional refiere que tan sólo de mayo del año pasado a mayo del presente, en el fuero común el número de personas presas ya sentenciadas aumentó de 109 mil 979 a 117 mil 753 y el de procesados decreció de 82 mil 359 a 79 mil 664.

En el ámbito federal los internos que no han recibido sentencia pasaron de 12 mil 544 a 13 mil 524, mientras aquellos cuyos juicios ya concluyeron en sentencia se mantiene prácticamente igual a mayo de 2021, con 15 mil 765. En el mismo mes de 2022 se reportaron 15 mil 705.

Datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indican que del primero de julio al 31 de diciembre de 2021 se registraron 10 mil 253 causas penales y fueron imputadas 15 mil 304 personas. Mediante proceso abreviado se dictó sentencia condenatoria a 6 mil 613.

En la segunda mitad de 2021 se registró el mayor ingreso semestral de causas penales en la historia del sistema de justicia penal adversarial, con un incremento de 6.77 por ciento respecto al semestre anterior (9 mil 603), refiere a su vez el 11 Informe al Congreso de la Unión sobre el Funcionamiento y Operatividad del Sistema de Justicia Penal Oral Acusatorio del CJF.

Cargos por armas y robo

El Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indica: “Respecto de los delitos cometidos por los hombres privados de la libertad en los centros penitenciarios federales, delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos fue el de mayor frecuencia, mientras en los centros penitenciarios estatales, el robo concentró la mayor cantidad”.

Este reporte señala, asimismo, que en las prisiones estatales 33 por ciento de los internos enfrenta procesos por robo; 18.9 por ciento, por homicidio; 8.6 por ciento, violación; 8 por ciento, secuestro, y 4.9 por ciento, delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos.

En los centros federales, 20.9 por ciento de los reclusos enfrenta acusaciones por delitos en materia de armas; 14.3 por privación de la libertad; 9.9 por delitos federales contra las salud relacionados con narcóticos; 8.7 por ciento, robo, y 8.7 por delincuencia organizada.

En el ámbito federal había, al 15 de noviembre de 2021, “253 tribunales colegiados, 98 tribunales unitarios, 426 juzgados de distrito, 41 centros de justicia penal federal y 43 tribunales laborales federales en 32 circuitos jurisdiccionales”, consigna el anexo estadístico del “panorama nacional”, elaborado por el CJF.

“Luces y sombras”

El litigante Alberto del Río Azuara considera que el sistema adversarial “es de luces y sombras: ha resultado eficaz en algunos estados del país, como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Yucatán”.

Pero, añade, “todos debiéramos pugnar por una verdadera independencia del Poder Judicial para que se esfumen los llamados ‘jueces de consigna’. Incluso en el ámbito federal, donde hay muchos que no resuelven a conciencia y reciben presiones a diario de miembros de las altas esferas de la Judicatura (y de la Corte misma)”.

Asegura que en el sistema adversarial “hay temas para los cuales el nuevo sistema nació trunco y con desviaciones, como el abuso de la prisión preventiva y la oficiosa, que opera para un sinnúmero de tipos penales violentando la presunción de inocencia”.

Del Río Azuara resume: “Es necesario profesionalizar a los cuerpos de investigación. Aunque hay esfuerzos relevantes, el Ministerio Público debe entender que su función no es necesariamente persecutoria del delincuente, sino que su obligación medular es esclarecer los hechos delictivos y proteger al inocente”.

Para Sandino Rivero, el sistema de justicia penal adversarial ha funcionado, pero hay cuestiones culturales que se siguen arrastrando, sobre todo en las fiscalías, al momento de la investigación. Ahí el jurista advierte un fallo que ha impedido avanzar en la consolidación del sistema.

Rezagos del antiguo sistema

Expuso que aún hay casos del antiguo sistema que están en litigio, como el del narcotraficante Rafael Caro Quintero o los de algunos presos que se consideran de orden político, como Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, acusados de asesinato y quienes llevan más de 20 años luchando por recuperar su libertad, en un asunto que ya escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Es reprobable que casi 50 por ciento de los encarcelados estén en proceso, porque esa medida es una injusticia grave que viola el principio de presunción de inocencia”, señaló el jurista.

En tanto, Epigmenio Mendieta manifestó que la finalidad del sistema es bueno, pero se deberían impulsar los mecanismos alternativos de solución.

“Algo que funciona mal es que las procuradurías sistemáticamente ‘venden’ los criterios de oportunidad, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y no facilitan los procedimientos en libertad. Todo lo quieren en la cárcel y esto trae como consecuencia que un sistema que tendría que ser eminentemente garantista se mantenga como uno inquisitivo.”