Mexicali, B.C., Originario de Bucaramanga, Colombia, Diego Armando vive dos semanas de violencia institucional en México, a donde llegó para estudiar las rutas de competencia de montañismo en el municipio de Ensenada.

A pesar de contar con pasaporte y visa por seis meses, el joven de 30 años y otras tres personas fueron víctimas de la contención migratoria de autoridades federales en la frontera con Estados Unidos.

Diego Armando partió de Colombia el pasado 22 de septiembre con destino a la Ciudad de México; tres días después fue detenido en el aeropuerto de Tijuana por agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, quienes lo retuvieron bajo la presunción de que intentaría cruzar ilegalmente a Estados Unidos.

El sudamericano permaneció recluido en un sótano de la terminal aérea y después fue trasladado a la estación migratoria de Tijuana.

El 29 de septiembre, sus familiares solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que envió a una visitadora al centro migratorio; las autoridades le dijeron que el joven fue liberado el 25 de ese mes.

La versión de los elementos de migración resultó falsa, pues Diego estuvo detenido del 25 al 30 de septiembre en Tijuana y fue trasladado a Tabasco, donde no hay vuelos directos a Colombia.

La familia alertó a la CNDH sobre la desaparición de Diego y presentaron una queja bajo el folio 2022/100201 en la que acusan que algunos funcionarios les exigieron mil 200 dólares (unos 34 mil pesos) para liberarlo.

Tampoco le permitieron a Diego Armando trasladarse a la Ciudad de México para tomar un vuelo directo de regreso a Colombia, a pesar de que su padre, Felipe Hernando Jiménez ya había comprado los boletos.

Wilner Metelus, presidente de la Asociación de Afromexicanos, condenó la detención de extranjeros en Tijuana; afirma que, a pesar que contar con visas, los turistas sufren discriminación de diversos tipos y trato arbitrario de las autoridades.

El activista denunció que a los viajeros estadunidenses, europeos y canadienses no les cuestionan nada; en cambio, hay cientos de extranjeros de otros países detenidos en Baja California.

“El gobierno mexicano no respeta los tratados internacionales sobre derechos humanos; se trata de una hipocresía”, reclamó Metelus.

Consideró, además, que la supuesta integración de América Latina y Caribe, promovida por México, “se trata de un acto de doble moral”, dado el trato migratorio.