Las comisiones senatoriales correspondientes aprobaron ayer el dictamen de una nueva iniciativa para prorrogar la participación dominante de las fuerzas armadas en la Guardia Nacional, pero no fue por consenso. La división de votos, sobre todo entre priístas y a reserva de lo que se llegara a negociar a última hora, implica la posibilidad de que no se logre en el Senado la mayoría calificada, necesaria para esta reforma constitucional.

La división entre opositores a la 4T proviene de las modificaciones y “concesiones” impulsadas por Ricardo Monreal, el coordinador de la mayoría guinda, con el visto bueno del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en representación de Palacio Nacional.

Las “concesiones” a los opositores significan una presunta forma de control “parlamentario” o legislativo del desempeño de la militarizada Guardia Nacional (“supervisión y rendición de cuentas”). Esta oferta ha servido de coartada a algunos priístas para reconsiderar sus posiciones originales de rechazo. Otros priístas se sostienen contra la propuesta de “control parlamentario” porque consideran que es un engaño más: en marzo de 2019 se concedió un plazo de cinco años para que se fortalecieran los cuerpos policiales civiles y no se hizo nada al respecto, de tal manera que cuando fenezca el plazo original, en 2024, no se tendrá más que lo mismo: soldados y marinos encargados de la seguridad pública.

La fórmula planteada por Monreal y compañía llevaría a comparecencias de secretarios del gabinete de seguridad cada cierto tiempo, a reportes semestrales y a ciertos compromisos presupuestales para fortalecer a cuerpos policiacos estatales y municipales. Sabido es que, en general, las comparecencias de poco o nada sirven en lo práctico y que la mayoría simple de Morena y sus aliados puede pulverizar en los hechos las promesas de rigor legislativo ante el poder militar.

A reserva de la votación en el pleno senatorial y su resultado, este nuevo esfuerzo por mantener la militarización de la seguridad pública se produce entre filtraciones de Guacamaya que confirman riesgos de la desmedida injerencia de lo militar en la vida civil y denuncias de espionaje de Sedena a periodistas y activista mediante el sistema Pegasus, supuestamente proscrito en el sexenio en curso.

La mayoría de votos que obtuvo Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil no fue suficiente para impedir la realización de una segunda vuelta en la que el derechista Jair Bolsonaro podría recuperarse merced a alianzas con partidos pequeños y al uso electoral de recursos públicos.

Dario Pignotti, corresponsal en Brasil del diario argentino Página 12, ya señalaba ayer que los números dominicales habían producido desencanto y algo más en el cuartel de Lula y euforia en el de Bolsonaro. La esperanza de un triunfo holgado del político de centroizquierda se fundaba también en las encuestas de opinión que auguraban una amplia diferencia de votos entre candidatos, que finalmente no se dio, pues Lula sólo sacó cinco puntos porcentuales de diferencia, cuando la demoscopia calculaba una distancia de entre 10 y 15 puntos porcentuales (entrevista en video con Pignotti: https://bit.ly/3e0QQUa).

Pero, aun si ganara la presidencia de Brasil, Lula se toparía con la cruda realidad de una mayoría dominante de la derecha y la ultraderecha en las cámaras legisladoras. Además, se estima que, en aras de conseguir los votos que lo lleven de vuelta a la presidencia, tendrá qué hacer concesiones a intereses de la derecha o el “centro”.

Aun cuando la gestión de Pedro Castillo como presidente de Perú está caracterizada por la impericia política y las acusaciones de corrupción, ha de decirse que ese gobierno, combatido ferozmente por la derecha, no tiene mejores perspectivas luego de la elección de gobernadores: la mayoría de los estados prefirió opciones de partidos regionales y no nacionales, el propio Castillo no tuvo vía partidista para cuadros propios y la ultraderecha avanza en la capital, Lima. ¡Hasta mañana!

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