Guatemala. El cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini anunció ayer, al lado de políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos, la creación del frente Convergencia Nacional de Resistencia con el cual buscarán hacer frente a la corrupción, la cooptación del Poder Judicial y la persecución de quienes luchan contra la corrupción.

“Sin perder la esperanza y el espíritu de lucha de la ciudadanía hacemos este llamado... Queremos ser propositivos y reafirmar la necesidad de esta convergencia”, expresó Ramazzini con su cuello clerical y un crucifijo, en conferencia de prensa. El obispo y cardenal actualmente dirige la diócesis de Huehuetenango.

La comunidad internacional ha lanzado su voz de alarma por lo que considera el debilitamiento del estado de derecho y las garantías de la población, en especial por la criminalización que han denunciado funcionarios de la justicia, varios de los cuales se han exiliado, por sus fallos contra la corrupción y en casos sobre crímenes de la guerra civil (1960-1996).

Ramazzini es considerado uno de los líderes religiosos más influyentes en la región y tiene una cercana relación con el papa Francisco, que incluso le pidió no jubilarse cuando cumplió los 75 años.

Entre los temas prioritarios del frente opositor están promover acciones sin violencia en contra de la criminalización de los operadores de justicia, periodistas, jueces y fiscales procesados o detenidos, así como aquellos que se han exiliado “por haber defendido la justicia en el país”, subrayó el obispo.

Agregó que su investidura religiosa no es contraria a la política porque “el sentido original de dicho término es la promoción del bien común” y agregó que cuando habla de política no se refiere a los partidos.

El objetivo de la nueva Convergencia Nacional de Resistencia es hacer visible “la problemática que está afectando la realización del bien común”, explicó.

Ramón Cadenas, abogado que acompañó a Ramazzini, agregó que es necesario un frente común en respuesta a “un Estado clasista, excluyente y racista”.

Desde 2019 Guatemala ha vivido una escala de criminalización y violaciones a los derechos humanos, según han denunciado activistas. La mayoría de acciones se fueron recrudeciendo con la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, órgano de la Organización de Naciones Unidas) que desarticuló estructuras incrustadas en el Estado guatemalteco que estaban cometiendo actos de corrupción.

En 2019, el entonces presidente Jimmy Morales decidió no renovar el mandato de la Cicig luego de que la comisión investigó a sus familiares por actos de corrupción, quienes tras la salida de la comisión fueron absueltos.

Un año más tarde, al llegar a la presidencia Alejandro Giammattei, se frenaron las investigaciones de corrupción que realizaba el Ministerio Público, cuya actual jefa es Consuelo Porras; varios procesos fueron revertidos y fiscales y jueces denunciaron haber sido criminalizados por sus fallos.