Zacatecas. Zac., Integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunciaron un nuevo caso de intimidación e intento de homicidio contra integrantes del ejido El Bajío, en Sonora, presuntamente orquestado por empresarios mineros.

En un comunicado, la REMA responsabilizó a la empresa Minera Penmont, la familia Baillères y al gobierno federal de cualquier atentado contra la seguridad física, moral y sicológica del representante Jesús Javier Thomas y de Miguel Fernández de Castro, artista visual solidario con las luchas del ejido.

De acuerdo con la denuncia, el pasado 7 de septiembre Jesús Javier Thomas fue detenido cuando viajaba en su vehículo entre Caborca y Sonoyta por presuntos militares que portaban armas de alto calibre, quienes le informaron que existe una orden de asesinarlo y le recomendaron que regresara.

Otra agresión ocurrió en la carretera entre Peñasco y el ejido El Bajío; ahí fue interceptado un compañero suyo, a quien intentaron asesinar, pero al percatarse de que lo habían confundido con Jesús Javier Thomas, suspendieron el ataque.

La REMA recordó que ha transcurrido una década desde que los ejidatarios de El Bajío, fundado en 1971, resisten contra la mina de oro a cielo abierto Minera Penmont, filial de la trasnacional Fresnillo PLC, propiedad de la familia del empresario Alberto Baillères González, quien falleció en febrero pasado.

El magnate ya murió, “pero no sus intimidaciones y amenazas para defender los intereses de la Minera Penmont, que en 1997 arribó a las tierras del ejido para dedicarse a la extracción del oro y la plata”, acusó con ironía la REMA.

Desde entonces los lugareños y sus familias han emprendido decenas de acciones judiciales contra el consorcio minero por haber realizado trabajos de exploración y explotación de minerales de forma ilegal, y aunque se han acumulado decenas de fallos a su favor, el abuso de Minera Penmont persiste:

“Pese a las casi 70 sentencias del Tribunal Agrario y juicios ganados por el ejido El Bajío”, de sufrir represión violenta, del asesinato de los defensores José Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega y Raúl Ibarra de la Paz, así como de la desaparición de algunos miembros de la comunidad, como Noemí Elizabeth López Gutiérrez, “las amenazas e intimidaciones persisten, entre otras acciones impunes, porque el gobierno federal ha hecho caso omiso a nuestras demandas”, acusaron.

En enero de 2022 los campesinos se manifestaron frente al Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para exigir que se cumplan las sentencias del tribunal agrario, que obligan desde 2014 a la minera a abandonar aquel territorio, indemnizar a los ejidatarios y restaurar los suelos.

Sin embargo, la trasnacional minera sólo detuvo sus actividades ante la protesta general de los habitantes, pero nunca ha pagado las compensaciones que los jueces ordenaron. Durante el periodo en que operó, extrajo más de 5.5 millones de onzas de oro de las tierras del ejido, por lo que “tendría que devolver esa riqueza, así como restaurar los suelos, el agua y la salud de los ejidatarios”, precisó la REMA.