El Presidente de la República declaró el lunes pasado que el 27 de septiembre era día de luto nacional por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa. Y que su gobierno “pugnará por el castigo a los responsables del crimen”, pues “no sólo es un proceso jurídico, es un asunto de Estado y de justicia y que tiene que ver con limpiar la imagen del Estado mexicano y del Ejército”. Todo indica que integrantes de éste último estuvieron involucrados en la masacre.
De luto nacional debían también ser otros crímenes perpetrados por agentes del Estado. Cito varios: el 23 de mayo de hace 60 años un destacamento del Ejército y la Policía Judicial irrumpió violentamente en la casa del dirigente campesino Rubén Jaramillo, en Tlaquiltengo, Morelos. Los militares lo secuestran, junto con Epifania, su esposa embarazada, y sus tres hijos. Los llevan a la zona arqueológica de Xochicalco, donde los asesinan y les dan el “tiro de gracia”. Este atroz crimen durante el mandato del presidente Adolfo López Mateos sigue impune, reclama castigo a los autores materiales e intelectuales. Otros días de luto nacional: la matanza del 2 de octubre de 1968 y la del 10 de junio de 1971. La de Aguas Blancas y las de la guerra sucia que declaró el Estado contra grupos inconformes.
Los anteriores son temas que abordan mejor los especialistas, pero en el campo ambiental también hay permanente luto nacional. Somos el país donde más muertes violentas se cometen en el mundo contra los defensores de los recursos naturales o sus tierras: 54 en 2021. Y un año antes, 30. Son datos de la Organización Global Witness, que realiza un conteo anual de estos crímenes. Ninguno de los autores ha sido detenido. Tampoco ha habido justicia por las grandes tragedias ocasionadas por empresas amparadas por servidores públicos. Éstos y los dueños de esos negocios gozan de total impunidad. Cito tres entre otras muchas.
1. El funcionamiento durante tres décadas de la empresa Cromatos de México, en la colonia Lechería, ubicada en el municipio de Tultitlán, estado de México. La planta emitió a la atmósfera incontables toneladas de cromo hexavalente y acumuló en sus instalaciones otras 75 mil de residuos de dicho contaminante, que es tóxico y puede ocasionar cáncer. Afectaron a la población local, los mantos acuíferos y el terreno circundante. Fue cerrada en 1978 luego de una lucha ciudadana. Las advertencias que los habitantes hicieron de que Cromatos era un foco de contaminación las ignoraron las instancias oficiales de salud y medio ambiente. Algunos funcionarios federales y estatales apoyaron a los empresarios. Cuando cerró dejó las 75 mil toneladas de residuos tóxicos y peligrosos. Finalmente en 2010 fueron enviados a un sitio adecuado. Ningún servidor público o dueño de Cromatos fue investigado.
2. El 3 de mayo de 1991, se incendió en Córdoba, Veracruz, un depósito de plaguicididas y otros productos peligrosos. Eran de la empresa Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa). Estaba en pleno centro de esa ciudad, a pocas cuadras de una escuela y un mercado público. Durante 30 años las protestas de los vecinos porque ese negocio contaminaba no fueron escuchadas por las autoridades. En especial ingoraron las de los maestros de la escuela cercana. Y es que los niños se “mareaban”, cuando de Anaversa, salían partículas que afectaban su salud. Condenada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ningún funcionario ni empresario fue declarado culpable por los males que causaron a la población de Orizaba.
3. El pasado 6 de agosto se cumplieron ocho años del derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado (CuSO4) en el arroyo Tinajas. Luego fluyeron a los ríos Bacanuchi y Sonora. Provenían de la mina Buena Vista del Cobre, filial de Grupo México y dedicada a la extracción de cobre y molibdeno. Es el mayor desastre ambiental ocasionado por la minería en nuestro país. La empresa opera ahora sin un plan de manejo de residuos peligrosos, pese a las promesas hechas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y el actual. Y los causantes de la tragedia, siguen cubiertos por la impunidad.
Cada sexenio gubernamental presume grandes logros en bien del medio ambiente y la salud pública. La realidad los desmiente. Especialmente los asesinados por defender el invaluable patrimonio natural del país.
