El cuarto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que a pedido de los padres de los 43 normalistas detenidos-desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, y por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, coadyuva y da asistencia técnica a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) y la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa (Ueilca), arroja nuevos datos que robustecen la teoría del “crimen de Estado” y la probable comisión de delitos de lesa humanidad por mandos del Ejército, la Marina y de los aparatos de espionaje policiaco-militares y judiciales de México.

Desde el inicio de su tercer mandato en 2021, el GIEI realizó numerosas gestiones para documentar casos, recabar elementos de prueba (videos, tarjetas informativas, documentos de inteligencia), acompañar diligencias de declaración y buscar, revisar y analizar archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la ex Policía Federal (hoy Guardia Nacional).

Entre los hallazgos más importantes del GIEI figuran: a) videos obtenidos por la Covaj exhiben a autoridades del Cisen y la ex PGR practicando torturas a detenidos; b) el Cisen, la Policía Federal y estatal de Guerrero y los batallones de Infantería 27 y 41 del Ejército en Iguala, adscritos a la comandancia de la 35 Zona Militar en Chilpancingo (que dependía de la IX Región Militar), monitoreaban, hacían seguimiento y reportaban en tiempo real toda actividad de los estudiantes de Ayotzinapa, y tenían información sobre Guerreros Unidos y de los nexos de esa banda criminal con autoridades militares y civiles locales, incluidos miembros del Ejército, la Marina, el Semefo y presidentes y policías municipales; c) el Ejército tenía personal de inteligencia matriculado en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos que daba información en tiempo real de las actividades de los estudiantes; d) entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre de 2014, altos mandos de la Sedena y el Cisen recibieron documentos e información de intercepción de comunicaciones (incluidas intervenciones telefónicas) de “actores relevantes en los hechos”, que no pusieron a disposición de la búsqueda de los normalistas (incluidos los posibles destinos de los desaparecidos), algunos de los cuales podrían haber estado vivos ocho días después de los hechos; e) el 5 de octubre de 2014 se montó una coordinación de altos mandos de todas las corporaciones de seguridad y la PGR, llamada war room, dirigida por Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal; f) el 26 de octubre de 2014, efectivos de la Marina bajaron objetos de dos camionetas en el basurero de Cocula y se trasladaron a donde posteriormente “aparecerían” restos óseos que fueron presentados por la PGR como de los normalistas (imágenes que fueron tomadas por un dron de alta tecnología “que sólo actúa bajo órdenes de las más altas autoridades del Estado”).

Información obtenida por el GIEI permitió identificar un denominado Comando Regional de Inteligencia Zona Norte Iguala, que la Sedena usaba para realizar labores de monitoreo, intercepción telefónica y registro de llamadas, que complementaba las intercepciones indiscriminadas del programa israelí Pegasus. La Sedena negó al GIEI la existencia de ese centro de inteligencia.

Con base en las comunicaciones interceptadas consignadas en documentos de la Sedena, el informe refiere la realización de comidas y actividades conjuntas entre integrantes de la criminalidad y militares. En particular, menciona los vínculos de Guerreros Unidos con el entonces capitán José Martínez Crespo, adscrito al 27 Batallón, y con el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón. También menciona nexos con elementos de la Marina, pero no da nombres; el acceso del grupo delincuencial a información del C-4 y de la policía estatal, y sus relaciones cercanas con los presidentes municipales de Iguala, Cuetzala e Ixtapan de la Sal y los mandos de las policías municipales de Cocula, Iguala y Taxco.

El GIEI calificó la denominada verdad histórica de Murillo Karam y Zerón como la “fabricación de un relato contrario a la ciencia (criminalística/forense) y las pruebas objetivas”, y cuestionó la injerencia indebida y desaseada de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero en algunos procesos de judicialización, que llegó al “extremo” de encargar el caso a fiscales provenientes de asuntos internos de la ex PGR y miembros de la ex Siedo sin conocimiento de la carpeta de investigación y los antecedentes probatorios que obraban en ella −por ejemplo, en la consignación y detención de Murillo−, lo que vulnera la independencia y autonomía de la Ueilca; compromete, debilita y dilata la investigación, y profundiza la “falta de confianza” de los padres de los 43 desaparecidos en las instituciones y alimenta sus “fundadas sospechas” de que se están suplantando decisiones que deberían ser técnico-jurídicas debido a presiones por “sincronizar los tiempos judiciales con los tiempos políticos”.

El GIEI cuestionó la auditoría enviada por la FGR a la Ueilca, que inicialmente se centró en la averiguación previa en la cual se despacharon 83 órdenes de captura (y en particular en la carpeta de investigación que incluía 20 militares). Y expresó preocupación por la posterior revocatoria (desistimiento) de 21 órdenes de detención, entre ellas, las de 10 soldados del 27 Batallón que al mando del capitán Martínez Crespo y el subteniente Fabián Pirita −por orden del comandante José Rodríguez− estuvieron en el lugar de los hechos la noche de Iguala; la del comandante del batallón 41 (coronel Hernández Nieto); la de un agente de inteligencia militar (Órgano de Búsqueda de Información, OBI) adscrito al 27 Batallón, y la de los miembros del Ejército que controlaron el C4.

“Con el Ejército hemos topado, Sancho”. Delicado el asunto. El comandante supremo, Andrés Manuel López Obrador, hizo el control de daños: atribuyó los crímenes a cinco mandos castrenses “irresponsables”; exoneró a la Sedena, y mencionó “intereses” que buscaron “reventar” y “dinamitar” la investigación y generar una “rebelión” militar, sin identificar a nadie.