Guadalajara, Jal. El secretario de Salud de Jalisco el pasado sexenio, Antonio Cruces Mada, fue sentenciado a nueve años de prisión, seis años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una multa de 5.8 millones de pesos que incluye reparación del daño, aunque fue acusado de desvío de recursos por al menos 600 millones de pesos.

Cruces fue vinculado a proceso desde 2019, cuando se le dictó arresto domiciliario, pero luego violó esa medida cautelar y en abril de este año, en una cita en el juzgado para dar continuidad a la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, ya no le permitieron regresar a su casa y le dictaron prisión preventiva por seis meses, pese a que había tramitado diversos amparos para evitar su reclusión.

El ex funcionario tenía al menos trece carpetas de investigación abiertas en su contra que incluían desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades en la compra irregular de equipos de videovigilancia y otros servicios para unidades hospitalarias, analizadas en un juicio oral que inició el pasado 23 de septiembre en un Tribunal de Enjuiciamiento y culminó con un fallo condenatorio el domingo, cuyas penalidades fueron resueltas este 3 de octubre.

Cruces Mada fue un funcionario polémico, con excentricidades, manejos turbios de las partidas presupuestales -en particular del Seguro Popular- y presuntos desvíos a favor de hospitales privados, con un desorden administrativo que permitía robo de medicinas.

Además de secretario, Cruces fue amigo cercano del entonces gobernador Aristóteles Sandoval (2012-2018), un priista que fue asesinado en diciembre de 2020, quien lo mantuvo en el cargo pese a los señalamientos en su contra.

Apenas en noviembre del año pasado, fue agredido por dos delincuentes que lo amagaron y subieron a su propio vehículo de lujo, una camioneta Lincoln.

La Fiscalía del Estado confirmó que Cruces fue localizado horas después con diversas lesiones, amarrado de pies y manos, muy cerca de un parque en Colinas de Atemajac, en Zapopan, de donde fue llevado a recibir atención médica a la Cruz Verde y después a un hospital privado.

El reporte fue que además de la camioneta le robaron dinero en efectivo, aunque no se reveló el monto.

El gobernador Enrique Alfaro por la mañana, antes de que se conociera la sentencia, cuestionado sobre el caso, dijo: “Espero que quede como un día en que se hizo justicia”. “Confío que la impartición de justicia actúe apegada a derecho y con un alto sentido de responsabilidad y se pueda saldar un asunto vergonzoso del pasado en nuestro estado”, agregó.