Cuernavaca, Mor., Cuatro años y casi cuatro meses han transcurrido desde que la joven Lesley Ayleen Alamilla Sosa fue asesinada y quemada presuntamente por su novio, Jhonny Arteaga Román, quien no ha sido detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Dos meses después del crimen se libró una orden de aprehensión en su contra y hasta una ficha roja de la Interpol, informó Cristian Haro, abogado de la familia de la víctima, en ese entonces de 20 años de edad.

La última vez que se vio con vida a Lesley, estudiante de odontología en la Universidad Latinoamericana, fue el 6 de junio de 2018, precisamente cuando su novio fue a recogerla a la salida de esa institución educativa, en la capital morelense.

Desde esa fecha, sus padres no volvieron a saber de su paradero. Dos días después de su desaparición, el 8 de junio de 2018, el cadáver quemado de la joven fue encontrado por las autoridades en un paraje de San Juan Tlacotenco, municipio de Tepoztlán.

Haro, defensor de los padres de Lesley, aseguró en entrevista que tras la investigación de la FGE (dos meses después del feminicidio) se concluyó que el novio fue quien “la golpeó, estranguló y le prendió fuego”.

Afirmó que la carpeta de investigación “ya está sólida, las indagatorias están casi concluidas; faltan algunos peritajes, pero ya se giraron las órdenes de aprehensión correspondientes y también se emitió la ficha roja.

“Ya se determinó quién es el responsable del crimen de la señorita Lesley desde el segundo mes, pero el feminicida no ha sido detenido”, reconoció.

Trabas burocráticas en el gobierno estatal

El abogado afirmó que ha pedido al fiscal del estado, Uriel Carmona Gándara, que ofrezca una recompensa para dar con el acusado, pero éste le ha respondido que tiene que autorizarla la mesa de seguridad, es decir, la administración estatal que encabeza Cuauhtémoc Blanco, lo cual no ha ocurrido.

Cristian Haro dijo que le preocupa que, a pesar de que se han girado los oficios correspondientes de búsqueda y localización de Arteaga Román a todas las fiscalías de las entidades y a la Fiscalía General de la República, “no se ha dado aún con su paradero”.