En vísperas de su desaparición para dar paso al nuevo modelo de justicia laboral, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) acumula más de 500 mil expedientes que debe desahogar, lo que a juicio de abogados especialistas en la materia le llevará por lo menos ocho años, sobre todo por el abandono presupuestal y de infraestructura.

Alberto Ramírez García, experto en derecho laboral de la Universidad Obrera de México, y Óscar Alzaga, abogado en la materia, consideraron que “hay claroscuros y una crisis de justicia laboral en México” debido a los miles de juicios pendientes de resolver y a que la nueva ley “no termina de aplicarse de manera cabal”.

La JFCA, que llegó a 95 años de existencia, “es la más importante” del país, ya que concentra los casos de grandes consorcios y las industrias minera, petrolera, textil, automotriz, metalúrgica, siderúrgica, vidriera, de hidrocarburos y cementera, entre otros, subrayaron.

Con un presupuesto para este año de 744 millones de pesos, su edificio sede se encuentra casi en el “abandono, sin mantenimiento ni mobiliario y personal insuficiente” para resolver los miles de casos, coincidieron abogados litigantes entrevistados.

Este lunes se inicia la tercera y última etapa de la reforma laboral en 11 estados del país –que se suman a los 21 donde ya opera–, lo cual implica que las juntas de conciliación dejarán de recibir nuevos casos, y serán los centros de conciliación y tribunales laborales los que estarán a cargo de los juicios.

Las autoridades laborales han advertido que se trata de la fase “más compleja”, ya que se trata de entidades que registran mayor actividad económica e industrial y, por tanto, más conflictividad laboral, al concentrar cerca de 60 por ciento de los litigios, entre ellas la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Tamaulipas.

Los juicios que se seguirán llevando “están irremediablemente condenados a la dilación, porque aunque ya no van a recibir nuevos casos, es pavoroso el déficit de infraestructura y de personal, y los casos serán desahogados con la misma lentitud”, comentó Ramírez García.

Según datos oficiales, de septiembre de 2021 a junio de 2022 se logró resolver 64 mil asuntos individuales en la JFCA en rezago.

Constituida en 1927, este organismo “se ha distinguido por la corrupción, salvo algunas excepciones: en la mayoría de los casos se requiere dinero para obtener copias de los expedientes; promover audiencias, diligencias, acuerdos y realizar notificaciones”, coincidieron los abogados con experiencia en derecho laboral desde hace más de dos décadas.

En la junta local de la Ciudad de México oficialmente existe un rezago de 130 mil documentos. No obstante, hay 20 mil más que se enviaron al archivo debido a que ninguna de las partes promovió sus asuntos, sostuvieron fuentes oficiales de ese organismo.

Aseguró que calcula que esta instancia requiere de ocho años para resolver 80 por ciento de los juicios, y cinco años más para concluir el resto.

Los laboralistas reprocharon que el discurso oficial “no sea crítico” y solicitaron a las autoridades laborales “ser objetivas”, porque sólo en los centros de conciliación del estado de México, “el panorama no es halagador, ya que comienza a registrarse” saturación.