En el caso ya conocido por la población acerca del robo de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex), para nadie era un secreto que los mismos técnicos o allegados eran quienes llevaron a cabo el robo millonario durante décadas.
Mantener el delito oculto no fue difícil para la fracción corrupta del personal petrolero, empezando por los directores. Si el robo directo de los ductos no era autorizado, abierta y flagrantemente, por lo menos existía un mecanismo de comunicación, consolidado, bien estudiado y con fachada de actividad de abasto normal.
La autorización implícita del robo se ejecutaba a través de la omisión, la discreción y el silencio de quienes observaban y estaban obligados a simular desconocimiento. Existían acuerdos: el intercambio de favores entre autoridades de la dirección general de Pemex, empleados administrativos, personal sindicalizado y apoyos externos hicieron del robo de combustible un negocio redondo consolidado, así como fructífero y, sobre todo, seguro.
Quienes especularon sobre las extraordinarias ganancias a través del robo directo de gasolinas, seguramente pensaron que sería la fuente eterna de un negocio al alcance de sus manos. Y quienes apoyaron en esta aventura ilegal, peligrosa y descarada, lo hicieron no precisamente por mejorar su sueldo paupérrimo o por salir pronto de la pobreza. Quienes aceptaron llevar a cabo la parte operativa y señalar la zona de mayor accesibilidad de los ductos, tal vez lo hicieron no para mejorar sus ingresos, pero sí obligados por la presión de las autoridades.
En pasados eventos, como las cinco reuniones del Encuentro Nacional Petrolero, organizado por la Unión Nacional de Trabajadores y Profesionistas Petroleros y algunas secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, escuchamos testimonios de obreros que fueron involucrados en el robo. Mencionaron que de su complicidad dependía obtener una plaza de base, el aumento de salario, el cambio de área, de una peligrosa a otra de menor riesgo; también se dijo que el apoyo al programa diseñado para el robo fue, en algunos casos, por saldar un favor personal de dinero o administrativo a directivos o al propio sindicato.
Atentar contra el patrimonio de la nación difícilmente será el móvil de algún desempleado que busca trabajo en cualquier empresa. Pero, en caso de verse inmiscuidos, involuntariamente, en un acto ilícito que genere ganancias, si la persona es honesta, no será difícil la decisión de evitar el delito, a menos que sea obligado.
La riqueza nacional pertenece al pueblo, y lejos de ser una expresión desgastada, repetitiva o ilusa, es un enunciado constitucional vigente. La Carta Magna lo indica en varios artículos, como el 27 y el 28. Y, por supuesto, la corrupción no es parte de la cultura en México ni está inscrita en la Constitución Política. Tal derecho a la riqueza natural del territorio nacional ha costado a todas las generaciones de México, desde la invasión europea al continente americano, cruentas y permanentes guerras, revoluciones, batallas y millones de vidas humanas. La independencia y la soberanía energética han sido costosas, por lo que se deben defender sin simulaciones.
Los delitos por corrupción no siempre son reflejo y consecuencia de la deficiente paga, ya que el personal administrativo y de dirección han percibido sueldos generosos. Muy contrario a los salarios del sector obrero. Es aquí donde se muestran las desigualdades económicas que todavía existen y que han sido reproducidas, especialmente en el periodo neoliberal. La pauperización de la clase obrera se debió al acaparamiento de la riqueza, aun cuando han sido los trabajadores quienes se han expuesto en la búsqueda, la extracción y el procesamiento del valioso petróleo.
En cuanto al robo de combustibles ( huachicoleo), ha sido una complicidad entre patrones y obreros, además de la participación de habitantes de poblaciones aledañas a las tomas clandestinas, obligadas o no. Tan sólida mancuerna ha provocado un criminal e interminable robo a la nación.
A partir del 30 de enero de 2019, el gobierno de la 4T inicia este difícil programa en contra del robo de combustibles y para la recuperación completa de la producción de las gasolinas, la protección a la infraestructura de Pemex y otras tareas.
La fuga de los recursos monetarios, provocada por el grupo que sostuvo el “robo permitido” desde la Torre de Pemex, no se esperaba que muy pronto serían descubiertos y puestos a disposición de las autoridades judiciales. Sólo esperamos que se haga justicia completa, que se juzgue y condene a uno de los huachicoleros mayores de cuello blanco, preso, pero con ciertas ventajas tramposas y legaloides para defenderse.
En 2022, la Guardia Nacional ya ha demostrado su eficacia en la vigilancia y protección ante ilícitos. Recientemente descubrieron nueve tomas vigentes y clandestinas directamente de ductos de Pemex situados en diversos lugares de Hidalgo, Jalisco, Puebla y del estado de México. La Guardia Nacional continúa avanzando.
* En memoria de quienes iniciaron en 1968 la revolución de las conciencias, ¡que vivan los estudiantes y el pueblo de México!
