Madrid. Unas 10 mil personas se manifestaron ayer en Barcelona para rememorar los acontecimientos ocurridos el 1º de octubre de 2017, cuando Cataluña celebró un referendo unilateral de independencia que provocó una actuación policial sin precedente en la región, causando decenas de heridos.

El quinto aniversario para el separatismo coincide a su vez con una de las peores crisis internas del nacionalismo catalán, más dividido que nunca y con el gobierno autonómico al borde de la ruptura. En los homenajes se escucharon tanto aplausos para las víctimas de la represión y los protagonistas del acto de desobediencia, como abucheos para un sector de los líderes independentistas, calificados ahora de “traidores”.

Hace cinco años en Cataluña amaneció con lluvias, pero ni el clima adverso ni las amenazas por parte de las autoridades españolas, entonces presididas por el conservador Mariano Rajoy, impidieron que los secesionistas celebraran un referendo de autodeterminación.

Los colegios electorales se llenaron de ciudadanos pacíficos con la intención de votar, a pesar de que oficialmente no había ni un censo ni una convocatoria formal que diera validez a ese sufragio masivo.

El resultado fue el esperado, más de 95 por ciento de las personas que depositaron su voto, que fueron algo menos de la mitad de la población electoral en Cataluña, respaldaron la independencia.

Ese día, las imágenes difundidas por el mundo fueron las de las duras intervenciones de la policía en algunos de los colegios electorales, con agresiones a los votantes y una vio-lencia desproporcionada. El saldo oficial del gobierno de la generalitat de Cataluña, entonces dirigida por Carles Puigdemont, ofreció una cifra de heridos de más de 2 mil.

Ese referendo fue el óbice para que unos días después se declarara de forma unilateral la independencia, pero sólo durante ocho segundos, tras los cuales el presidente Puigdemont anunciara la vuelta a la legalidad del Estado español. Después vino una serie de procesos judiciales que terminaron con la mitad del gobierno en prisión, a la que años después le favoreció un indulto; y con la otra mitad del gobierno, encabezados por Puigdemont, viviendo fuera del país, al decidir no someterse a tribunales españoles.

En el quinto aniversario, unas 11 mil personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, exigieron en la calle a sus dirigentes hacer cumplir el “mandato democrático del 1º de octubre” y declarar de forma unilateral la independencia, de forma irreversible.

Encabezados por la plataforma separatista de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) exigieron la ruptura total con el ordenamiento legal español, al que acusan de haber sometido a la población catalana a “una brutal represión” y a “impedirles ejercer” su “derecho de autodeterminación”.

Carme Forcadell, quien fue presidenta de la ANC y luego presidenta del Parlamento catalán durante la celebración del referendo, fue abucheada por los manifestantes al hablar sobre la situación actual del proceso. Lo que muestra el grado de enfrentamiento que hay en el nacionalismo catalán, que vive uno de sus peores momentos de ruptura.

El gobierno presidido por Peré Aragonés, de Esquerra Republicana de Catalunya, pende de un hilo por la confrontación que tiene con Junts per Catalunya, que son los herederos del nacionalismo conservador de Convergencia i Unió.

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