Irapuato, Gto., La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato solicitó a la alcaldesa panista de Irapuato, Lorena Alfaro García, ofrecer una disculpa pública a las 24 mujeres que fueron golpeadas, amenazadas y arrestadas el 1º de mayo pasado por policías municipales durante una protesta contra los feminicidios.

El titular de dicho organismo, Vicente Esqueda Méndez, señaló que los agentes de Seguridad Ciudadana municipal violaron los derechos humanos de las mujeres, entre quienes había cuatro menores.

El ombudsman emitió una recomendación con seis resolutivos, como parte de la investigación por el expediente de queja 450/2022-B, donde pidió a Alfaro García que “realice un acto en el que se ofrezca una disculpa pública a las víctimas, se reconozcan los hechos y se acepte la responsabilidad de lo sucedido”.

Además, dijo que la munícipe deberá sancionar al entonces director de la policía municipal Rubén Omar Jaramillo Mariscal, así como a 24 oficiales mujeres de dicha corporación, que efectuaron las detenciones “con uso irracional de la fuerza pública, limitando la libertad de expresión”.

“Asimismo, el gobierno de Irapuato debe otorgar a las afectadas atención médica y sicosocial, además de pagarles una compensación por el daño causado, los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación de derechos humanos”, recomendó Esqueda Méndez.

Refirió también que en un máximo de 90 días naturales la alcaldesa debe emitir una norma que asegure el derecho a la manifestación y capacitar a los policías en estándares internacionales en materia de garantías aplicables a este tipo de movilizaciones.

La procuraduría comprobó que las oficiales reprimieron a 17 adultas y a cuatro menores que participaron en la marcha contra desapariciones y feminicidios; también fueron arrestadas y agredidas tres jóvenes que no participaban en la protesta.

Las policías realizaron “tocamientos abusivos”, grabaron con sus celulares a las detenidas burlándose de ellas y a varias quejosas las rociaron con alcohol, “con la intención de intimidarlas haciéndoles creer que les prenderían fuego”, corroboró Derechos Humanos.

Con las revisiones médicas se comprobó que “la mayoría de las personas aprehendidas presentaban huellas de violencia y alteraciones físicas en su integridad, incluidas las adolescentes”, detalla el expediente.