Por la falta de un marco legal actualizado, se estima que más de un tercio de las empresas de seguridad privada incurren en la elusión de impuestos, lo cual afecta principalmente a sus trabajadores, quienes dejan de percibir prestaciones sociales, señaló el Consejo Nacional de Seguridad Privada.

En entrevista con La Jornada, Raúl Sapién, presidente del organismo, indicó que en el territorio mexicano existen más de 6 mil empresas en el sector.

El directivo comentó que en conjunto con autoridades federales y estatales estiman que entre 35 y 45 por ciento de las firmas a nivel nacional “cumplen a medias” con el marco normativo, lo cual incluye el pago de impuestos.

Las empresas de seguridad privada “patito generan una grave afectación” a los trabajadores en el sector, porque vulneran sus derechos humanos y laborales.

Relató que una unidad económica irregular no cuenta con una imagen corporativa, con un lugar establecido, trabaja al margen de los ordenamientos y reglamentos a nivel federal o local, por lo que incumplen con el pago de impuestos, así como con las contribuciones de seguridad social, como el IMSS.

Después de resaltar que se estima que existen más de 500 mil trabajadores en el sector, explicó que si un empleado de estas empresas patito sufre un accidente de trabajo, no tiene acceso al IMSS porque sus patrones evaden el pago de cuotas, y en caso de quedar imposibilitado para seguir laborando, tampoco puede acceder a un plan de pensión.

Explicó que una sola empresa informal en el sector, que cuente con alrededor de 60 trabajadores, puede estar evadiendo más de 120 mil pesos anuales por contribuciones.

Mencionó que estas empresas también incumplen con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), el cual surgió con la reforma sobre la subcontratación.

“No contar con una legislación actualizada en el sector se ha convertido en un oportunismo para las empresas que son irregulares, que trabajan en la oscuridad y al margen de la ley.”

Apuntó que sólo se cuentan con estimaciones sobre la situación que vive el sector, pues no existe un registro único nacional de prestadores de servicios de seguridad privada.

“Lo que impera desafortunadamente es una asimetría, una disrupción entre lo que marca la ley federal y las 32 legislaciones a nivel estatal”, concluyó.