Por instrucciones del Presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, encabeza las negociaciones con las trasnacionales eléctricas que mediante la figura de autoabasto quebrantaron las leyes mexicanas y confía, según informó el funcionario al Senado, que “antes de que termine” octubre se puedan firmar “los primeros acuerdos”.

La negociación con las empresas del llamado “autoabasto” pretende evitar el “complejo entramado judicial”, al que el gobierno federal tendría que recurrir”, expuso en un informe completo que entregó a la mesa directiva del Senado el pasado martes en que compareció ante el Pleno, para la glosa del cuarto Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el documento, que el titular de Gobernación leyó sólo en parte, para no rebasar el tiempo que se le asignó, detalla que Ibredrola fue la única empresa que optó por recurrir a un juicio de amparo, pero fuera de ello, ha estado “trabajando con todas y cada una de las empresas eléctricas” y confió en que las negociaciones “lleguen a buen puerto” para terminar con lo que se conoce como régimen de autoabasto.

A través de esta figura, según han denunciado en reiteradas ocasiones el presidente López Obrador y el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, las grandes corporaciones eléctricas violan la ley, ya que han creado un mercado negro al vender la electricidad que generan a empresas como Oxxo, Walmart, Peñoles y muchas otras, que simulan ser sus socias, pero en realidad son clientes y logran el uso gratuito de la red eléctrica.

De acuerdo con datos oficiales, de 1994 a 2018 se otorgaron 468 permisos de autoabasto, que operan actualmente. Se trata de un “importante asunto orientado a recuperar el control de los bienes estratégicos de la nación” y el Presidente me instruyó para llegar a acuerdos con las empresas multinacionales que hayan quebrantado la ley”, resaltó el titular de Gobernación en su escrito al Senado.

Expuso que los directivos de Iberdrola, la corporación española sancionada por la Comisión Reguladora de Energía con una multa de más de 9 mil millones de pesos por vender la electricidad que genera a sus supuestos socios, optaron por ampararse. “Es la única de las empresas dedicadas al autoabasto que recurrió a la justicia federal y nosotros somos respetuosos de las instancias judiciales y de los derechos que tienen todos y vamos a esperar el resultado de este juicio”.

El titular de Gobernación resaltó que “sin duda, en esta compleja etapa de transición aún persisten reminiscencias del pasado de una minoría privilegiada, que aprovecha las circunstancias adversas para obstaculizar, por todos los medios a su alcance, el firme avance de la Cuarta Transformación”.

Se trata, recalcó, de “una oligarquía reaccionaria cuya influencia aún es notoria en la actitud y en las resoluciones de algunos jueces”.

No dejó de mencionar que la ciudadanía está consciente “del comportamiento asumido por los grupos parlamentarios que en la Cámara de Diputados se opusieron a la reforma constitucional en materia eléctrica, que se proponía recuperar para el Estado la conducción del Sistema Eléctrico Nacional a través de la CFE”.