El Conacyt me invitó a participar en un seminario sobre “Los retos y logros de la 4T en educación”. Y me pareció que ahora que ya no sabemos si finalmente en Ayotzinapa tendremos el logro de toda la verdad y la justicia, era imprescindible hablar entonces sobre el reto que significa dejar sin encarar la persistente violencia del Estado contra los y las jóvenes estudiantes y las y los profesores de educación básica y superior. Porque hoy, la víspera del 2 de octubre, la acción de la justicia que vendría a darle un vuelco a la historia de 100 años de violencia e impunidad, parece seguirá siendo un reto más. Y que esto ocurra en el caso Ayotzinapa no puede ser más fuerte.
Porque se trata de 43 jóvenes que eran al mismo tiempo estudiantes y futuros maestros que se preparaban, además, a participar en el acto de recuerdo de los cientos de muertos del 68, y de los que vinieron antes. Crucial, además, el momento porque en la UNAM y en el IPN hay un creciente número de escuelas en paro; justas protestas en la normal rural de Teteles, Puebla, en El Mexe de Hidalgo, en Guerrero. Nuevas y viejas demandas a las que se ha respondido con el desdén, la descalificación o con la violencia de policías o militares
Si hubiera justicia para Ayotzinapa se volvería posible establecer un marco civilizatorio en el que gobernantes y comandantes supieran que no pueden seguir actuando como señores de horca y cuchillo. Ya se reconoce que se trata de crímenes de Estado y la necesidad de reparar y detener todo esto, sería entonces un buen momento para comenzar también a transformar desde ese fondo hostil y centralizado nuestra educación.
Es cierto que a escala internacional no suena nada bien que en México, como paso inicial de mejora educativa, se planteen medidas y dispositivos para que ya no se asesine o desaparezca a estudiantes y maestros por parte del Estado, pero desgraciadamente así están las cosas desde hace décadas. Desde cuando el presidente Portes Gil llamó “indisciplinados” a los estudiantes, y la policía los atacó a golpes y disparos.
Los otros ponentes, obviamente, no tenían por qué coincidir con mis apreciaciones y en los hechos los tres destacaron más bien el trabajo desarrollado por la SEP en la construcción del marco curricular para la reforma de nivel básico. Y así, después de que se hizo un breve recuento de quienes eran los analistas académicos que estaban “en contra” de la propuesta de la SEP, el resto de las intervenciones estuvieron más bien orientadas a defender y explicar sus alcances.
Mi opinión sobre el marco tiene que ver más con el procedimiento que con la discusión sobre conceptos como la decolonización o la inclusión. En el cómo hay un esquema autoritario-burocrático en el que en general vive nuestra educación, se sigue planteando el mismo modo de hacer las cosas de hace décadas. Así, alguien dentro de la SEP –los documentos no aparecen con nombre al calce– determina qué orientación debe darse a la educación del país de ahora en adelante, y como las “consultas populares” de tiempos del presidente De la Madrid lo somete a reuniones con maestros que escuchan –cuántos y dónde no queda muy claro– y hacen preguntas y comentarios. Y los funcionarios de la SEP son los que luego deciden qué y cómo se retoma, pero no se puede decir que las maestras y los maestros participan en la elaboración del documento como se sugiere.
Más tarde aparece el documento definitivo; que no es muy diferente de la propuesta original. Una transformación interesante sería comenzar por cambiar la estructura de la propia SEP, de tal manera que se desheche el formato que permite que se genere la orientación educativa de todo el país a partir de un pequeño grupo.
Se necesita crear un espacio democrático nacional que puede ser luego replicado en cada estado; para la generación de los lineamientos fundamentales y donde estén como participantes permanentes electos, maestros y maestras, las comunidades, estudiosos de la educación y funcionarios. Se necesita, además, reconocer y retomar en vistas a darles el apoyo oficial, las experiencias que ya han generado las y los maestros en Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y otros lugares. También se puede analizar la experiencia de las comunidades zapatistas y sus fuertes corrientes de pensamiento educativo y comunitario. La multiplicidad de espacios en el marco de lineamientos nacionales responde a la diversidad de necesidades y demandas, de experiencias y visiones y le dan enorme fuerza a una propuesta educativa. De otra manera la fuerza gravitacional burocrática y ajena e incluso hostil de la SEP será el hoyo negro de la propuesta.
