Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por las agresiones físicas que sufrieron 22 migrantes alojados en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, el 15 de junio de 2021, al manifestarse en contra del personal del instituto.

En la Recomendación 176/2022, refirió que los migrantes fueron agredidos con toletes, bastones eléctricos y gases lacrimógenos por elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Servicio de Protección Federal (SPF) con la anuencia del personal del INM.

El 16 de junio de 2021, personal de la CNDH visitó la citada estación migratoria y conoció las quejas que presentaron ocho víctimas directas sobre los hechos registrados el día anterior y que afectaron, al menos, a 22 personas.

“Se pudo comprobar que un grupo de personas de nacionalidad haitiana se manifestaban en contra del personal del INM porque no se resolvía su situación migratoria, protesta a la que se unieron otras personas extranjeras, por lo que el personal de migración solicitó y autorizó la entrada de elementos de la Guardia Nacional con equipo antimotines y del SPF, quienes ingresaron a la sección de hombres y a la de ‘solicitantes del reconocimiento de condición de refugiados o vulnerables’ y con gases lacrimógenos y agresiones físicas y verbales los obligaron a salir al patio de recreación, donde permanecieron tirados en el suelo bajo intensa lluvia”, expuso.

El día de los sucesos, y luego de someter a las víctimas, elementos del SPF detuvieron a 14 personas a las que se les acusó de amotinamiento en flagrancia, lesiones al personal de la GN y daños en agravio del INM. Los elementos de la SSPC no ratificaron su querella y, en cuanto a los daños a la institución, se llegó a un acuerdo reparatorio, por lo que el ministerio público federal decretó el no ejercicio de la acción penal.

Por tal motivo, la CNDH solicitó a la titular de la SSPC y al comisionado del INM proceder a la inmediata reparación del daño causado de las víctimas, además de coadyuvar en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que se presente ante el Órgano Interno de Control en la secretaría, en el de la Guardia Nacional y en el del instituto en contra de, por lo menos, cinco personas servidoras públicas.

Asimismo, deberán diseñar y aplicar un protocolo de actuación “que considere los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y vigilancia que rigen el uso de la fuerza”, así como los manuales de técnicas en esta materia y las conductas a realizar por el personal de la SPF y la GN que ingresa a las estaciones migratorias.