Ciudad de México. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, defendió ayer el trabajo del ex fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien renunció después de que la Fiscalía General de la República pasara por alto sus atribuciones.

“Tiene todo mi aprecio y reconocimiento por su profesionalismo y ética”, manifestó Encinas, quien asistió a una conferencia de prensa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“No faltará quien quiera dinamitar la investigación, pero no vamos a detenernos y vamos a ir a fondo”, insistió el subsecretario. Rechazó, además, que se sienta acosado por el Ejército o que tenga presiones externas para continuar con su labor al frente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).

Sobre la evaluación del GIEI al curso que sigue el caso, Encinas expuso que “son muy atendibles todos sus señalamientos”.

El GIEI recomendó al funcionario que organice a la brevedad un “diálogo real” con las familias de los normalistas de la escuela Isidro Burgos desaparecidos en 2014.

Encinas respondió de inmediato, hablando con los representantes de las familias presentes en el Auditorio Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para concretar la cita.

Fuentes cercanas a la investigación advirtieron que quien sustituya al ex fiscal Gómez Trejo no puede ser nadie recomendado por la FGR, tiene que conocer a fondo el expediente y tener experiencia en litigios penales.

Las fuentes desestimaron que la entrevista que concedió desde el Campo Militar número uno, donde está preso el general José Rodríguez Pérez sea parte de su derecho a su legítima defensa.

Al otorgar permiso para realizar la entrevista, la Secretaría de la Defensa se extralimitó en sus atribuciones legales, ya que el general es sujeto a proceso bajo una jurisdicción civil, no militar, según las fuentes.

Como comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, según evidencias aportadas por la fiscalía especial, el militar dio la orden de asesinar y desaparecer a seis de los 43 estudiantes que hasta ese momento seguían vivos, secuestrados “en una bodega”.