Buenos Aires., Con 25 colegios tomados por sus alumnos ante la falta de respuesta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires a sus demandas, la actividad represiva policial llegó a extremos nunca vistos, no sólo con la presencia de uniformados fotografiando, filmando y amenazando a los estudiantes, sino enviando patrulleros a la casa de las familias de los jóvenes, a las que se les comunica que serán querellados y deberán pagar millones de pesos por día mientras siga la protesta estudiantil.

Como una “locura jurídica” lo calificó el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que exigió se retire de inmediato a la policía de los colegios y las amenazas con causas jurídicas contra las familias.

La acción represiva es encabezada por los encargados de la Seguridad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, de la opositora Juntos por el Cambio, y la polémica ministra de Educación de la alcaldía de Buenos Aires, Soledad Acuña, cuya renuncia han pedido desde hace tiempo estudiantes y docentes.

Las demandas van desde la falta de las viandas que deben mandarse para los alumnos cuyas familias tienen mayores problemas, los temas obras públicas en escuelas con graves problemas, falta de agua, techos y aulas dañados, cortes de luz, persianas caídas y ventanas rotas, como ha sucedido en esta ciudad.

También protestan por el cada vez más restringido presupuesto educativo, además de falta de calefacción en invierno o de instalaciones para enfrentar el verano. Pero hay algo más fuerte, como el hecho de que Rodríguez Larreta y su equipo decidieron que los estudiantes realizaran pasantías en empresas para prepararse, en “prácticas laborales” que son impuestas y no remuneradas.

La experiencia fue denunciada porque la mayoría de los jóvenes eran enviados a empresas, hoteles y otros lugares, donde fueron utilizados para preparar café, lavar platos y otras actividades de este tipo, “los cuales no son nada pedagógicos”.

También reclaman que no se pueden realizar reformas que afectan a estudiantes, docentes y programas educativos, quienes deberían ser consultados.

La ministra Soledad Acuña, denunciada varias veces por sus discursos discriminatorios, no respondió al diálogo, pero se dedicó a “criminalizar” las tomas de los colegios y apoyó el envío de patrulleros y policías para advertirles que serán sometidos a la justicia.

Nunca había sucedido algo similar en Argentina, lo que es considerado una violación de los principios constitucionales y para esto se recurrió a los datos de espionajes y de las listas de familias que tiene la cartera de Seguridad de la alcaldía y para amenazar a los jóvenes, todos filmados por estos servicios de inteligencia.

En un país donde familias enteras fueron desaparecidas durante la pasada dictadura (1976-1983) cuando buscaban a los perseguidos por el régimen y se llevaban a los familiares como castigo o para obligar a hablar a los detenidos, con métodos siniestros, la Secretaría de Derechos Humanos pidió al gobierno porteño que “cese el hostigamiento, intimidación, persecución, amenaza, intromisión o amedrentamiento sobre las y los adolescentes y sus familias”.