Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) llamó a declarar a ex jefes delegacionales, servidores y ex servidores públicos, y accionistas y desarrolladores inmobiliarios por las investigaciones relacionadas con el llamado cártel inmobiliario de Benito Juárez; mientras, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación indagan 46 cuentas bancarias para determinar la comisión de delitos, como operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.

Las pesquisas sobre la posible corrupción entre servidores públicos y empresarios del sector de bienes raíces, dijo, han apuntado a diversas personas, no sólo del sector inmobiliario, sino a quienes se desempeñan en el ámbito político, notarial y administrativo de esa demarcación.

Destacó que entre los llamados a declarar están familiares de primera línea de los imputados por el caso, como son los cónyuges y hermanos de los ex directores jurídico y de gobierno Luis Vizcaíno, vinculado a proceso, y de Obras y Desarrollo Urbano Nicias Aridjis, quien no ha sido detenido.

También están citados ex jefes delegacionales, servidores y ex servidores públicos de Benito Juárez, accionistas y desarrolladores, cuyos vínculos “posiblemente están encaminados a la comisión de delitos como enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido del servicio público, más lo que resulte”.

Los nombres y mayores datos de las personas señaladas fueron reservados por la secrecía de la investigación, refirió, aunque ésta comprende de 2006 a 2018, cuando fueron jefes delegacionales Germán de la Garza, Mario Alberto Palacios, Jorge Romero y Christian von Roehrich.

La fiscalía informó, asimismo, que las 46 cuentas bancarias en las que el personal ministerial detectó un posible vínculo directo entre los imputados y sus empresas, la mayoría del sector bienes raíces, ya son investigadas por autoridades federales.

La Procuraduría Fiscal de la Federación y la UIF, puntualizó, determinarán la posible comisión de otros delitos, como operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.

Denuncias de afectados

Mientras, en la mesa interinstitucional instalada por el gobierno capitalino se continúa reuniendo información de vecinos afectados, y en la fiscalía sigue la recepción de denuncias, que han aportado valiosos datos para el robustecimiento de las investigaciones.

Hasta el momento ha detectado 99 inmuebles con irregularidades en la entrega de escrituras públicas con inconsistencias sobre niveles, indivisos y áreas comunes, así como la venta de éstas; además de incumplimiento en servicios y densidad de espacios de propiedad privada.

La mayoría se ubica en colonias de alta plusvalía como Del Valle, Narvarte, San José Insurgentes, Nápoles y Nochebuena, indicó la dependencia.