La jueza de distrito radicada en la Ciudad de México Yazmín Eréndira Ruiz concedió una suspensión definitiva al ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam contra la vinculación a proceso por los delitos de tortura, contra la procuración de justicia y desaparición forzada, todos ellos relacionados con el caso Ayotzinapa. El juzgado décimo sexto de distrito en materia de amparo, del que forma parte Ruiz, también se declaró incompetente para continuar con el asunto y ordenó turnar el expediente al juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal de la capital, donde se conoció en primera instancia el recurso que interpuso Murillo Karam contra “la detención ilegal” de que aduce haber sido objeto el pasado 19 de agosto.

El amparo otorgado al político hidalguense pone en pausa el proceso penal abierto en su contra, pero no implica su liberación inmediata, toda vez que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la facultad de impugnar el resolutivo para que el caso se turne a un tribunal colegiado, el cual determinaría si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia. La errática actuación de la fiscalía en eventos recientes no permite asegurar que se dé esta apelación, pero está claro que hay una obligación absoluta de agotar todos los recursos a su alcance para revertir este despropósito del Poder Judicial y evitar un daño enorme a los ya de por sí precarios avances de la investigación.

Lo que no puede perderse de vista es que todos los elementos conocidos apuntan a la responsabilidad en la operación de encubrimiento de la atrocidad de Iguala que atañe al también ex gobernador de Hidalgo, senador y diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, y que tal operación fue orquestada para impedir que se conociera la verdad sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en esa ciudad guerrerense. Como procurador, Murillo Karam estuvo al frente de las maniobras para construir una versión falsa con base en testimonios obtenidos mediante torturas que tuvieron lugar en sus oficinas y siembra de pruebas que tuvo que pasar por su validación, y es inequívoco que en este papel obstruyó de manera sistemática y acaso irremediable la impartición de justicia.

Más allá de la suerte del ex funcionario peñista, el fallo de ayer robustece las sospechas de que buena parte del Poder Judicial se encuentra empeñado en regalar impunidad a los responsables de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas, y de que ese poder de la Unión encargado de impartir justicia se erige hoy en un obstáculo formidable para el esclarecimiento de las atrocidades que tuvieron lugar hace ocho años. Esta conducta de los togados en torno al caso más emblemático de violación a los derechos humanos en la historia reciente del país nos coloca ante la urgente necesidad de reformar y sanear el Poder Judicial en todos sus niveles.