Tijuana, BC. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) exhortó a la Secretaría de Salud del estado a respetar el derecho a decidir libremente de las mujeres y evitar cualquier tipo de injerencia o disuasión cuando se solicita la interrupción de un embarazo.

El llamado de atención lo hizo el ombudsperson Miguel Mora Marrufo luego de que durante una conferencia de prensa el titular de esa dependencia, José Adrián Medina Amarillas, reconociera que cuando alguna mujer llega a la dependencia y solicita la interrupción lo primero que hacen es tratar de convencerla de que desista de la práctica.

Así lo dijo el secretario de Salud de Baja California: “Desde que se publicó el decreto, hasta la fecha, han acudido a solicitar la interrupción del embarazo poco más de 200 personas, de las cuales han calificado para llevar a cabo este proceso 159 en total. El resto afortunadamente han podido ser disuadidas”.

El presidente de la CEDHBC también solicitó al gobierno del estado garantizar condiciones de infraestructura y de personal para que las mujeres que quieran ejercer este derecho en Baja California tengan acceso al servicio de salud.

El decreto No. 36 del estado despenalizó la interrupción del embarazo desde noviembre de 2021, luego de varios intentos del Congreso, que se vio sometido a las presiones de la iglesia católica. La Comisión exhortó en su momento a los legisladores a armonizar la legislación local con la federal y la resolución de la Suprema Corte sobre el tema. Dicha legislación permite llevar a cabo el procedimiento dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

Miguel Mora recordó que, partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozan del derecho a la protección de la salud, lo que implica el derecho a la autonomía reproductiva en condiciones de igualdad.

El tema es sensible en Baja California porque los gobiernos panistas presionaban a las mujeres que por ley tenían derecho al procedimiento —como en los casos de violación— a desistirse. El caso más emblemático fue el de la niña Paulina, una menor de edad a quien el entonces obispo de Mexicali amenazó con que se iría al infierno, cuando en lugar de ayudarla con la interrupción de un embarazo producto de una violación, las autoridades de salud llevaron al sacerdote hasta la cama de hospital de la menor. Con ello, consiguieron que llevara adelante un embarazo y después nunca hubo apoyo institucional para ella y su hijo.