Ciudad de México. La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (Enve) 2022 estimó que la extorsión fue el principal delito que enfrentaron los negocios en siete de cada 10 entidades federativas del país durante 2021, lo que representó un aumento con respecto a la edición previa de 2019, cuando para cuatro de cada 10 estados era la principal transgresión para las unidades económicas.

Así, el delito que no tiene contacto con las personas, como la extorsión o el fraude, pues la primera básicamente es telefónica y la segunda se comete vía electrónica o tarjeta, son los que subieron con respecto a 2019.

De acuerdo con la Enve, que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), demostró que la inseguridad y la delincuencia formaron parte de la vida cotidiana de los negocios en México, relacionados con el comercio, la industria, los servicios y cualquiera de sus tamaños, grande, mediano, pequeño, micro.

Y es que uno de cada cuatro (24.6 por ciento) unidades económicas; es decir, aproximadamente 1.2 millones de unidades económicas fueron víctima de al menos un delito durante 2021, esto es 2.9 millones de delitos asociados a las 1.2 millones de unidades económicas víctimas. Esto representó una tasa de concentración de 2.4 delitos por unidad económica víctima.

Lo anterior representó una reducción en los delitos durante 2021, con respecto a 30.5 por ciento de las unidades económicas del país fue víctima de algún delito en 2019, la penúltima edición de la Enve.

Asimismo, el costo total estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas ascendió a 120 mil 200 millones de pesos el año pasado, equivalente a 0.67 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional. En tanto, en 2019 el costo fue de 250 mil millones de pesos.

“La mayor parte de las reducciones de los delitos y del costo económico está asociado a la pandemia, ya que el periodo de comparación es entre 2019, antes de la crisis sanitaria, y 2021. El robo en todas sus modalidades se redujo por la menor operación de los establecimientos físicos; asimismo, los actos de corrupción también descendieron por una menor realización de trámites y servicios. Mientras que las empresas disminuyeron sus gastos en medidas preventivas, de ahí la explicación de un menor costo económico. Sin embargo, la extorsión y el fraude se mantuvieron en niveles similares a 2019”, precisó Oscar Jaimes, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi.

No se denuncia la extorsión

El porcentaje de delitos no denunciados, o bien, denunciados, pero sin inicio de carpeta de investigación fue en 2021 de 91.5 por ciento, y no tuvo un cambio estadísticamente significativo a la de 2019.

Según datos del Inegi, los delitos que menos se denuncian son el secuestro, los actos de corrupción y la extorsión y entre las principales razones, en dos de cada tres casos son por causas atribuibles a la autoridad como el miedo a que extorsionen a las empresas, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad o por malas experiencias anteriores con la autoridad.

En una tercera parte de los casos fueron por el miedo al agresor, el delito era de poca importancia o no tenía pruebas.

“La parte principal de los delitos que no se denuncian es reflejo de la relación que se tiene con las autoridades, pues 60 por ciento de la tasa de no denuncia se debe a la desconfianza o que ir a denunciar implica mucho tiempo y muchos trámites”, explicó Adrián Franco, vicepresidente del Inegi.

Inseguridad preocupa más que impuestos

Más de la mitad de las unidades económicas en México, de todo tamaño y sector, manifestó que el principal problema en su entidad es la inseguridad y la delincuencia, lo que va por encima de otras preocupaciones como son los impuestos, la escasa capacidad de adquisición o de compra de los usuarios, trámites del gobierno y la corrupción.

Las percepciones están conceptualizadas en que siete de cada 10 empresas consideran insegura donde se encuentra el negocio, pero en algunas entidades es superior a la nacional, por ejemplo Zacatecas, donde nueve de cada 10 empresas percibe inseguridad, o en Colima y Veracruz en donde ocho de cada 10 unidades perciben esta situación.

Más de la mitad percibe inseguro el transporte de productos o mercancías por carretera o casi la mitad siente inseguro la movilidad de sus productos.

La consecuencia tiene que ver con el cambio que realizan las empresas en sus negocios, pues una de cada cinco unidades redujo los horarios de producción o de comercialización o dejaron de manejar efectivo. Asimismo, 15 por ciento de las empresas canceló inversiones.