Ciudad de México. Un total de 31 mujeres vestidas de novia, acompañadas de un centenar de personas exigieron al Poder Judicial de la Ciudad de México que la localización de los deudores alimentarios sea acometida por las Unidades de Medidas Cautelares del Poder Judicial de la Ciudad de México, porque “el principio de protección de la infancia no es inferior, en ningún sentido, al de presunción de inocencia”.

En el edificio ubicado en Plaza Juárez, integrantes de la iniciativa llamada Caso 992, que es parte de un movimiento feminista, de madres solas e hijos abandonados, nacida hace más de tres años, acusaron a las autoridades federales de “proteger a uno de estos deudores, Leonel N, quien es asesor del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O”.

Ingrid Tapia, ex esposa del servidor público y madre de sus tres hijos, denunció que desde hace 16 años ha buscado el pago de la pensión alimenticia sin éxito, porque “no se le ha podido entregar la notificación correspondiente, porque renunció o ya no trabaja ahí, a lo que se suma el despojo del patrimonio que tuvimos juntos, el ocultamiento procesal y la violencia vicaria”.

En 2016, recordó, Leonel agredió física y sicológicamente a sus tres hijos como mecanismo de lesión en mi contra, tras años de abuso, lo que la llevó a esconderse en hoteles, mientras su cónyuge vacío la vivienda que compartía, la despojo de todos los bienes muebles e inmuebles que tenían; así como de sus ahorros para irse a vivir con su entonces “nueva pareja”.

Durante más de 16 años, con el apoyo de terceros y de autoridades, “despliega conductas de ocultamiento procesal para evitar se le exija el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la devolución de los bienes y las ganancias; y se ha colocado, junto con su pareja, en estado de insolvencia mediante el vaciamiento de cuentas y el ocultamiento de bienes, denunció.

Señaló que, es persistente la imputación de hechos falsos en su contra y sus hijos, quienes también “resienten las conductas de intimidación y tráfico de influencias que el agresor despliega desde la esfera gubernamental en la que labora”, por eso, con el apoyo de 31 mujeres vestidas de novia, que fueron los años que estuvieron casados, se acude al PJCDMX a solicitar su intervención.

Mencionó que, una de cada 10 mujeres que demanda alimentos, logra una pensión para sus hijos; tres de cada cuatro hijos de padres separados no recibe pensión; un juicio de alimentos toda la secuela procesal dura más de tres años, y la violencia vicaria ha provocado más de 88 mil niños hayan muerto a manos de sus padrastros o incluso sus propios padres, de 2009 a 2019.