La renuncia de Omar Gómez Trejo como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa pone en evidencia “la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la Fiscalía General de la República (FGR) en la labor independiente que esta unidad venía realizando, incluyendo la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión” contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas en 2014, aseveró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los jóvenes, manifestó que esta renuncia “es preocupante porque vemos que se está desmantelando el mecanismo extraordinario de justicia que se creó para esclarecer el caso”, y consideró que las presiones “para descarrilar la investigación vienen del Ejército”.

En un posicionamiento, el Centro Prodh, una de las organizaciones que representa jurídicamente a los familiares de las víctimas, destacó que la salida de Gómez Trejo es “lamentable y en extremo preocupante para seguir adelante con el proceso de justicia”.

Defendió tanto la labor del ex titular de la unidad como la del presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj), Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

“Damos fe del trabajo comprometido que venían realizando el fiscal especial y su equipo, con el esencial apoyo del presidente de la Covaj de cuya labor decisiva damos testimonio también, y llamamos a que no se adopten represalias en su contra”, manifestó.

La Jornada publicó ayer que Gómez Trejo presentó su dimisión al cargo luego de que, sin consultarlo, agentes del Ministerio Público Federal se desistieron de 21 órdenes de aprehensión que había solicitado la FGR, de un total de 83, contra presuntos involucrados en la desaparición de los normalistas, entre ellos militares.

Al respecto, en entrevista, Rosales señaló que “es el Ejército mexicano el que está torpedeando el mecanismo extraordinario de justicia, el que está presionando a la FGR, presión ante la cual el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está cediendo”.

Abogados de los militares detenidos “están señalando a Alejandro Encinas de que está actuando de manera ilegal, de que los acusa injustamente”, argumentó y pidió que no haya represalias contra Gómez Trejo y que no se nombre a un próximo fiscal especial hasta que las familias puedan establecer diálogo con el gobierno, “porque es un mecanismo extraordinario de justicia construido bilateralmente”.

A la defensa del ahora ex funcionario también se sumó la comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, quien resaltó que las injerencias al trabajo de Gómez Trejo “viola el derecho de los 43 y sus familias, y a la sociedad a la verdad y justicia”.

La visitadora de la Fiscalía General de la República (FGR), Adriana Campos López, se hizo cargo de recibir las carpetas de investigación que integraba la fiscalía especial para el caso Iguala, y que estuvo desde junio de 2019 a cargo de Omar Gómez Trejo.

Funcionarios de la FGR señalaron que los conflictos del ex fiscal especial para el caso Iguala con altos mandos de la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero, derivaron en acciones como el retiro del personal policial (13 elementos de la Agencia de Investigación Criminal) que habían recibido capacitación especial para atender las indagatorias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.