Se está en presencia de un proceso incesante de desmontaje y anulación de los avances obtenidos en busca de verdad y justicia en el caso de los 43. No son incidentes ni accidentes, ni fortuitos ni aislados, sino una concatenación de hechos concretos que expresan una voluntad política dominante de sosegar ánimos militares irritados por la intención de someter a instancias judiciales civiles a personal castrense acusado de participar de manera criminal en los sucesos de ocho años atrás en Iguala.

La disyuntiva que, de manera insólita, llevó la mañana de este martes al Presidente de México a reconocer que está recibiendo “muchas presiones de todo tipo y de muchas partes”, se está resolviendo en favor de la defensa militar corporativa, en detrimento de la opción de justicia hasta las últimas consecuencias y hasta los más altas insignias castrenses involucradas, que han sostenido los familiares de los normalistas rurales y un amplio segmento social.

El ejecutor más relevante de esa operación de lavado de cara de las fuerzas armadas es el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), el sombrío Alejandro Gertz Manero, que amplísima experiencia ha acumulado en materia de entendimiento con intereses policiacos y militares en entredicho (desde la represiva Operación Cóndor de la que fue coordinador general en los años 70; historial oscuro de Gertz señalado por la historiadora Adela Cedillo: https://bit.ly/3BSMuGv).

El desmantelamiento a cargo de Gertz, de lo cual no es el principal responsable, implica la gravísima retractación de la citada FGR en cuanto a órdenes de aprehensión solicitadas y, según diversas versiones, ya otorgadas por el juez correspondiente, contra 20 personas, de las cuales 16 son militares.

El presidente de México dijo ayer que las diferencias de criterios entre la fiscalía general, de Gertz, y la fiscalía especial, a cargo de Omar Gómez Trejo, habían determinado la renuncia de éste a la titularidad de la Unidad Especial de Litigio e Investigación del Caso Ayotzinapa, como si sólo fuera un desacuerdo burocrático menor, una diferencia de opiniones resuelta con el abandono laboral de una de las partes.

El mismo presidente López Obrador dijo que él apoya el desistimiento de la FGR en cuanto a órdenes de aprehensión ya solicitadas, por considerar que éstas deben estar “de acuerdo con lo que establece el documento” (el informe Encinas). No hay tal justificación: la comisión encabezada por un subsecretario de Gobernación podrá proponer determinadas órdenes de captura, pero la fiscalía especial, a cargo de Gómez Trejo, en una fiscalía general presuntamente autónoma de la Presidencia de la República, tiene todo el derecho a solicitar esas y otras órdenes de detención, si así lo considera necesario.

En este conflicto interno de áreas del gobierno federal, el flanco civil ya acumula cuando menos las siguientes bajas: el esperanzador fiscal especial, Gómez Trejo; 16 órdenes de aprehensión contra militares; la confianza de los familiares de los 43 en la fiscalía especial (pues hay versiones de que se pretende dejarla acéfala y “concentrar” sus funciones en un mando diluyente) y, de manera que puede ser definitoria, la pérdida del ritmo de una investigación que ahora se somete a un cambio de titularidad o a una desarticulación, con la expectativa de hundirla en el pantano burocrático tan sabido y en el torbellino electoral ya cercano.

Queda, por lo pronto, la especial petición hecha a los familiares de los 43 por el presidente López Obrador, que fue el promotor de la llegada de Gertz Manero a la FGR y ha sido su defensor y sostén constante: “que tengan confianza, que nosotros vamos a continuar con la investigación. Que ojalá y me crean de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia, y que yo estoy acostumbrado a resistir” ( https://bit.ly/3Ro7zOG). Ya se verá. ¡Hasta mañana!

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