La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que no habrá otra torre Mítikah en el pueblo de Xoco mientras esté al frente del Gobierno de la Ciudad de México.

En su habitual conferencia de prensa, señaló que se trata de una zona muy impactada por desarrollos inmobiliarios y aún muchos de los problemas que enfrentan los habitantes del pueblo de Xoco no han sido resueltos.

“Lo dije cuando entré al gobierno y lo sigo sosteniendo: no va a haber otra torre mientras estemos nosotros en el gobierno. ¿La razón? Habría un impacto mucho mayor”, expresó.

Dijo que no está autorizado en este momento nada más de lo que ya se había acordado en la anterior administración, “y cualquier cosa necesariamente tiene que hablarse con los vecinos, particularmente de Xoco”.

Comentó que están en curso algunas obras de mitigación, como la habilitación de un pozo de agua y un jardín, con las que algunos vecinos están en contra, por lo que habrá más diálogo con ellos. “Por el momento no hay nada autorizado; si hubiera algo autorizado hay que hablarlo con los vecinos”, insistió.

Por otra parte, al referirse al cártel inmobiliario de Benito Juárez, la mandataria señaló que jamás hará uso político de la justicia, pero frente a un escándalo donde hay funcionarios involucrados y terceros que han sido dañados en su patrimonio, la fiscalía capitalina tiene que actuar y llegar al fondo.

Cero impunidad

Destacó que cuando habla de cero impunidad incluye todo tipo de delitos, desde los que tienen que ver con homicidios, violencia contra las mujeres y robos de vehículos, así como todos los que tengan que ver con corrupción.

Recordó que cuando estaba en campaña uno de los grandes temas a los que se refería la ciudadanía eran las violaciones al uso de suelo, en particular en Benito Juárez. “Entonces, ahora se está encontrando que sí, en efecto, hay una cantidad muy grande de violaciones al uso de suelo; pero, además, estaban asociados a actos de corrupción, entonces, evidentemente la fiscalía tiene que actuar”.

Sobre la suspensión del director jurídico y de gobierno de Miguel Hidalgo, afirmó que se trata de un caso en el se quitaron los sellos de suspensión de una obra de un edificio que estaba clasificado por Protección Civil de la propia alcaldía como de alto riesgo, pero los alcances de esta acción los debe explicar la Contraloría General.