Ciudad de México. La renuncia de Omar Gómez Trejo como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), evidencia “la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la Fiscalía General de la República (FGR) en la labor independiente que esta unidad venía realizando, incluyendo la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión” contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas en 2014, aseveró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las organizaciones que representa jurídicamente a los padres y madres de las víctimas.

En un posicionamiento, consideró que ésta es “una situación lamentable y en extremo preocupante para seguir adelante con el proceso de justicia en el caso”.

La Jornada publicó hoy que Gómez Trejo presentó su dimisión al cargo luego de que, sin consultarlo, agentes del Ministerio Público Federal se desistieron de 21 órdenes de aprehensión que había solicitado la FGR y aprobado el juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en Toluca en contra de 83 presuntos involucrados en la desaparición de los normalistas.

El Centro Pro defendió tanto la labor de Gómez Trejo como del presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

“Damos fe del trabajo comprometido que venían realizando el fiscal especial y su equipo, con el esencial apoyo del presidente de la Covaj de cuya labor decisiva damos testimonio también y llamamos a que no se adopten represalias en su contra”, manifestó.

Ante la abundancia de información que se ha vertido en los últimos días, el Centro Pro recalcó la relevancia del balance que efectuará el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) próximamente, “que como instancia internacional se encuentra en la posición más adecuada para fungir como fiel dela balanza”.