En el octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano a “garantizar la independencia e integralidad de la investigación”.

Particularmente, subrayó que ante la falta de esclarecimiento de lo sucedido y para continuar los avances hasta ahora alcanzados, el Estado mexicano debe garantizar la independencia de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, órgano responsable de la indagatoria y que, a decir de los familiares de las víctimas y sus representantes jurídicos, fue desplazada de los trabajos ministeriales.

Igualmente, pidió que se recupere la periodicidad de las reuniones de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia con las familias, y mejorar los canales de comunicación con la unidad especial y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

En un pronunciamiento, la CIDH también valoró que el Estado “ha venido desplegando esfuerzos sin precedente para mantener la continua búsqueda de los estudiantes en diferentes localidades del estado de Guerrero y para promover el derecho de las familias a participar en dichas diligencias. Sin embargo, a ocho años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, su paradero sigue sin conocerse”.

Sobre la unidad especial, indicó que ha recibido información preocupante sobre que esta unidad “estaría siendo objeto de desplazamiento en sus funciones ministeriales en el presente asunto” y “sobre la judicialización de carpetas de investigación relacionadas con los hechos del caso por parte de otras unidades de la FGR ajenas a la investigación y sus medios probatorios, incluso siendo esta unidad el órgano legalmente competente para ello”.

Además, continuó, “se tuvo conocimiento sobre algunas solicitudes de desistimiento de una serie de órdenes de aprehensión en contra de agentes militares y autoridades ministeriales y administrativas del estado de Guerrero, por parte de agentes externos a la unidad especial. Asimismo, desde agosto de 2022, esta unidad no contaría con personal policial de investigación”.

Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseveró que a ocho años de la desaparición de los jóvenes “es impostergable romper los obstáculos estructurales que persisten en la FGR y en el Ejército para conocer la verdad de lo ocurrido y lograr justicia”.