Ciudad de México. Los relatores especiales de Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, así como el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias hicieron un llamado para no aprobar la reforma constitucional que pretende extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y revertir las modificaciones legislativas por las que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) toma el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN).

En una comunicación dirigida al Estado mexicano, expusieron que el avance de estas iniciativas “significa un ataque en contra del principio de supremacía constitucional, mediante el que se pretende contravenir la Constitución a través de la reforma a leyes de menor jerarquía”.

Esto, continuaron, sienta un precedente particularmente preocupante considerando que la Carta Magna “es la herramienta por excelencia de control civil sobre las fuerzas armadas y las reformas recién aprobadas les autorizarían abiertamente a desobedecerla”.

Expresaron que otra de sus preocupaciones es que la reforma sobre la GN “consolida la militarización de la seguridad pública en México y desmantela a la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC), que es la única institución de seguridad pública civil a nivel federal”.

Desde su creación, puntualizaron, la Guardia Nacional “ha estado conformada por elementos militares. De acuerdo con la información recibida, a diciembre de 2021, el 79.565 por ciento de sus efectivos provenían de las fuerzas armadas, siendo 64.8 por ciento de la Sedena y 14.7 por ciento de la Secretaría de Marina (Semar).

“Solo el 20.4 por ciento de la Guardia Nacional provendría de la antigua Policía Federal. Se reporta que, en la práctica, la Sedena ha ido incrementando su control de la Guardia Nacional y la reforma formalizaría una situación ya estaría ocurriendo en los hechos”.

Los expertos de la ONU igualmente señalaron que la reforma propone mantener la jurisdicción militar en la Guardia Nacional, lo que es incompatible con la Constitución.