Parece un viaje, por el Túnel del tiempo, hasta la presidencia de Enrique Peña Nieto. El tuit de EjércitoMX.Noticias informa: “Aquí les dejo la entrevista con el general José Rodríguez Pérez, investigado por el caso Ayotzinapa”. Frente a cámara, en las instalaciones del Campo Militar Nº 1, como si no estuviera preso, aparece el brigadier, conversando con el periodista Jorge Fernández Menéndez para un programa de radio (https://bit.ly/3BO0Qrw).
Jorge Fernández, entrevistador del militar, es uno de los más incondicionales propagandistas de la “verdad histórica”. Los regímenes del PRI y el PAN echaron mano de su pluma para justificar los crímenes más atroces y filtrar sus versiones de las peores barbaridades, Ayotzinapa incluida. Su docufarsa La noche de Iguala es basura publicitaria, no sólo para encubrir lo sucedido hace ocho años en Guerrero, sino también para criminalizar a los normalistas rurales. Su panfleto fílmico transpira el inconfundible hedor de las cañerías del poder. Es heredero directo de ¡El Móndrigo!, cocinado en los sótanos de los servicios de inteligencia para desprestigiar el movimiento estudiantil de 1968 (https://bit.ly/3LG3d4p).
El 26 y 27 de septiembre de 2014, el hoy general en retiro Rodríguez Pérez tenía el grado de coronel y encabezaba el 27 Batallón de Infantería de Iguala, con un largo historial de contrainsurgencia. Según el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, él habría dado, entre otras órdenes, la de asesinar y desaparecer a seis estudiantes de Ayotzinapa que se mantenían con vida en una bodega, cuatro días después del ataque contra los normalistas.
El general no fue detenido. Se entregó voluntariamente (“presentado”, dice él) el pasado 21 de septiembre. Está acusado por delincuencia organizada, no de homicidio ni desaparición forzada. En uno de los tuits para difundir la entrevista, @SEDENAnoticias advierte: “No sé dejen engañar, los militares no intervinieron en la desaparición de los normalistas, cómo Alejandro Encinas nos quiere hacer creer” (se respetan los acentos del original). El militar arremete contra el subsecretario: “una vileza lo que hicieron. Una cobardía, haber manifestándose al margen de la ley, de esta persona” dice.
“La institución me está apoyando”, explica el mando. Es cierto. La Sedena salió con todo a proteger al ex comandante. No sólo permitió la entrada de un periodista al Campo Militar 1 para que lo entrevistara a modo, induciendo sus respuestas, sino que, además, difundió extractos del programa. Además, junto a la defensoría pública militar, incorporó a su defensa, pro bono, a los abogados “peso pesado”, Alejandro Robledo y César González Hernández, recién salidos de sonoros pleitos legales con el fiscal Alejandro Gertz Manero.
El 18 de agosto, el subsecretario anunció órdenes de aprehensión contra 20 militares relacionados con la noche de Iguala. Sin embargo, hasta ahora, sólo se ha arrestado a tres más, además del general Rodríguez. Al subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y al soldado de primera de infantería Eduardo Mota Esquivel. El otro, el capitán José Martínez Crespo, ya estaba detenido y le notificaron una segunda orden de aprehensión.
La defensa que las fuerzas armadas hacen del general Rodríguez y del resto de los militares señalados de participar en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y en la invención de la “verdad histórica” es un indicador de su rechazo a llegar al fondo de los hechos de la noche de Iguala. Su negativa a compartir la información sobre lo sucedido de que dispone, y su rechazo a responder a las solicitudes de documentación para esclarecer el crimen de lesa humanidad causan enorme escepticismo sobre el futuro de la pesquisa.
Esto, a pesar de que el informe de la comisión para la verdad y el acceso a la justicia señala cómo los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala no sólo no hicieron nada para evitarlo y falsearon lo sucedido, sino que asesinaron y desaparecieron a parte de los 43 jóvenes (https://bit.ly/3C7GIlw).
El informe, una investigación que hizo Encinas, con las facultades que le da el decreto, ya fue presentado a la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa. Debería ser ésta la que le dé cauce, judicialice la investigación y ejerza las acciones penales posteriores.
Sin embargo, no ha sido así. Fue la Fiscalía General de la República y no la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa, la que emitió las acusaciones contra Murillo Karam. Además, inexplicablemente, dio marcha atrás para cancelar 21 órdenes de aprehensión, 16 por delincuencia organizada y desaparición forzada, que ya habían sigo giradas contra mandos militares, integrantes del 27 y 41 batallones de Infantería.
En lo que pareciera otra vuelta al pasado, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de Ayotzinapa, está sometido a una insultante campaña de ataques muy parecida a la que vivió en tiempos de Peña Nieto (https://bit.ly/3fqk1QU y https://bit.ly/3RnFKGs). Todo, por defender a las víctimas y buscar explicar el comportamiento de los indignados normalistas rurales antes de juzgarlos.
Según él, las “fuerzas armadas están herméticas, cerradas, poco dispuestas a contribuir con el esclarecimiento de este caso. Están reacias a ir a los tribunales. No están dispuestas a que haya mecanismos de control judicial sobre ellas. A ir con los jueces, para que den cuenta de si participaron o no. No hay eso. Es nuestra preocupación. Si las fuerzas armadas están en esa posición va a ser muy difícil que podamos llegar al conocimiento de la verdad” (https://bit.ly/3BN8HWr). De confirmarse esta hipótesis, el viaje al Túnel del tiempo será algo más que una metáfora.
Twitter: @lhan55
