A la hora de cerrar esta columna no se reportaban incidentes graves en la manifestación de familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la cual fue acompañada por organizaciones, activistas y ciudadanos solidarios. Hubo algunos momentos de violencia relacionados con grupos de jóvenes encapuchados, por fuera de los contingentes de la marcha organizada.

A contrapelo de esos escenarios sin desbordamientos, aunque la tensión es alta, se produjeron otros que muestran violencia política institucional, creciente y preocupante. En particular, en cuanto a los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra el subsecretario de Gobernación, encargado de asuntos de derechos humanos y de la comisión sobre Ayotzinapa, Alejandro Encinas.

Además de la difusión insistente, mediante voceros mediáticos cotizables, de que el poder militar empujará con fuerza para que haya castigo judicial a Encinas por las “difamaciones” que habría proferido en el marco de su informe, ha resultado sumamente discordante con el espíritu de la llamada Cuarta Transformación, con el discurso presidencial y con la exigencia social de verdadera justicia en el caso Iguala, el que se haya concedido que el general en retiro José Rodríguez Pérez diera una entrevista periodística exclusiva en el Campo Militar número Uno de la Sedena.

Rodríguez Pérez fue comandante del 27 batallón del Ejército, con sede en Iguala, y ha sido señalado por Encinas como responsable de hechos criminales en el contexto de la noche trágica de Iguala y días posteriores. De una manera absolutamente inusual, que respondería a una decisión del secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, se permitió que un periodista especializado en relaciones demasiado cercanas con los órganos policiacos, de seguridad nacional y militares del pasado, Jorge Fernández Menéndez, entrevistara cómodamente al citado general Rodríguez Pérez, en una alocución de defensa propia y de señalamientos adversos al subsecretario Encinas que, con los claroscuros propios de la lucha por causas sociales en un aparato burocrático como es Gobernación, ha representado la única opción avanzada de atención a grupos y personas violentadas por los poderes públicos.

Fernández Menéndez representa justamente lo contrario de lo que se postula en el gobierno federal actual, pues dicho periodista se constituyó en un aferrado defensor de la “verdad histórica” construida por Jesús Murillo Karam. En 2018 escribió para la editorial Cal y Arena, perteneciente al grupo intelectual bajo control de Héctor Aguilar Camín, un libro denominado La noche de Iguala, que constituyó una virtual reproducción de la narrativa peñista-murillista y luego fue convertido en un “documental dramatizado”, siempre en alineación con el interés dominante en esos momentos.

Fernández Menéndez conduce, junto con su ahora esposa, Viviana Belsasso (se casaron en noviembre de 2011, con Felipe Calderón como testigo, quien asistió acompañado de Margarita Zavala), un programa en ADN 40, del Grupo Azteca, y en esa frecuencia se transmitió la mencionada entrevista (https://bit.ly/3rbunGO).

La apertura de los locutorios del Campo Militar número Uno para una entrevista así es solamente un botón de muestra de las decisiones políticas que se están tomando en el ámbito castrense con el propósito de defender con sentido de cuerpo a los militares acusados de participar en terribles crímenes.

Américo Villarreal anunció ayer su regreso al Senado, en una maniobra gelatinosa que busca evitar la posibilidad de ser aprehendido en el ámbito tamaulipeco por maniobras judiciales del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es una jugada jurídicamente arriesgada, que podría incluso ser desechada, pues coloca al morenista en condición de debilidad a unos días de la toma de posesión del gobierno de Tamaulipas que él debería encabezar. ¡Hasta mañana!

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