Guanajuato, Gto., El estado de Guanajuato vive una “situación terrible en homicidios dolosos”, principalmente en la zona Laja-Bajío, a consecuencia de una “feroz pugna” entre grupos criminales por el control del territorio, afirma el fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre, quien acota que si bien es “alarmante”, se focaliza en esa región.

“El origen del infierno que hoy tenemos” fueron las pugnas, en 2018, entre organizaciones delictivas por el dominio del robo de hidrocarburos, que generaba ganancias de hasta 50 millones de pesos al día, y la “tremenda” corrupción que había entonces en Petróleos Mexicanos.

En entrevista exclusiva realizada en la sede de la Fiscalía General del Estado, en la capital, el funcionario señala que con el “exorbitante” aumento de asesinatos, a partir de enero de 2018 “tenemos las cárceles llenas de sicarios, que son repuestos muy rápidamente por las bandas delincuenciales”. Revela que la policía municipal de Villagrán trabaja completamente para un grupo delictivo.

Ante las críticas a su labor por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pide que sea destituido del cargo, pues lo responsabiliza de los acontecimientos violentos en la entidad y de pertenecer a “un grupo de ultraderecha del conservadurismo” en el Partido Acción Nacional, y que ni el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo puede hacer algo para quitarlo, el fiscal responde:

“No soy yo el factor de la inseguridad en Guanajuato; para que llegaran a mí tendrían que juzgar a 29 mil personas dedicadas a la Seguridad Pública en el estado; habría que preguntar los resultados de cada uno de ellos, y los míos siempre han estado ahí a la vista; si hiciéramos una comparación, tendríamos que ver quién se tiene que ir.

“Hay alguien que está malinformando al mandatario federal”, reprocha Zamarripa Aguirre, y asegura: “No soy de ningún partido político ni tomo decisiones partidistas”. Destaca que su labor se ha centrado desde hace 29 años, cuando comenzó a trabajar en la entonces procuraduría, en realizar un servicio de carrera en la institución, convertida ahora en fiscalía bajo su cargo.

Los cuestionamientos a Carlos Zamarripa se centran en que se ha desempeñado 10 años como procurador de justicia, de febrero de 2009 a febrero de 2019, y como fiscal de febrero de 2019 a la fecha; su gestión concluirá en 2028; para entonces llevará 19 años en la institución.

El fiscal ha visto pasar como gobernadores a Juan Manuel Oliva Ramírez (2006-2012), Héctor López Santillana (2012-2012), Miguel Márquez (2012-2018) y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (2018-2024). Desde entonces, en territorio estatal se han perpetrado cerca de 19 mil homicidios dolosos.

Sin embargo, el funcionario puntualiza: según cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional, 91 por ciento de los asesinatos de ese tipo que se cometen en suelo guanajuatense están relacionados con el crimen organizado, es decir, con la pugna entre organizaciones delictivas, cuyo combate corresponde a las autoridades federales. De esos se esclarecen hasta 46 por ciento, cuando el promedio nacional es de 12 por ciento.

–¿Existe alguna indagatoria de la Fiscalía General de la República o de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su contra? Y si es así, ¿en qué estado se encuentra?

–No lo sabría, si es que existe una ahora. Sé que existe una investigación por parte de la UIF, y aunque me investigaron muchos años, la conclusión es que no existe ni una sola irregularidad, ni en mi patrimonio. Tengo una copia de los resultados que arrojan que no tengo ninguna anomalía.

–¿Hay carpetas de investigación abiertas contra agentes del Ministerio Público o de investigación criminal de la fiscalía guanajuatense?

–Sí, por supuesto.

–¿Por qué ilícitos?

–Diversos, por ejemplo, cuando un imputado que es procesado se duele o dice que se le violentaron sus derechos, el juzgado nos da vista de ello y tenemos que abrir una carpeta. Para ello, contamos con órganos de control interno como la visitaduría general.

Policías coludidos

–¿Hay casos de colusión con el crimen organizado?

–Por supuesto, los policías son el eslabón más débil, sobre todo si tenemos agentes mal pagados, sin prestaciones sociales ni preparación y equipamiento.

–Desmantelaron a las policías de los municipios de Juventino Rosas y de Manuel Doblado por nexos con el hampa. ¿Hay casos de más demarcaciones en los que se haya detectado este delito?

–Sí, Villagrán actualmente trabaja completamente para un grupo delictivo. “En esa localidad, la policía no tiene ninguna disposición ante el Ministerio Público. Ninguna detención. Entonces, ¿qué hace? ¿Ni siquiera una falta administrativa?”.

En junio pasado, Florencio Lara, hijo del presidente municipal priísta de Villagrán, Juan Lara Mendoza, fue ejecutado por un grupo de hombres armados; en el ataque una mujer resultó herida.

Zamarripa Aguirre considera que el estado fue muy paternalista al crear el mando único que operaba en los ayuntamientos y éstos debilitaron su fuerza local, sin autonomía para tener sus propios recursos y hacer sus procesos debidamente, desde la selección hasta la preparación, y la capacitación se debilitó.

“El gobernador Diego Sinhue ha hecho un gran esfuerzo y ha apostado una gran partida de dinero para el fortalecimiento de las policías, con metas, con objetivos, con reglas muy bien establecidas. Seguridad pública es el sector al que más ha invertido el mandatario. Hay que recordar que los programas federales a nivel municipal desaparecieron”, expone.

Carlos Zamarripa revela que en los 11 centros penitenciarios de Guanajuato existe una sobrepoblación de 50 por ciento, lo que no existía antes de 2018, “y esos ingresos son sólo de parte de la fiscalía estatal. Somos la institución que más órdenes de detención cumplimenta a nivel nacional.

“Tenemos llenas las cárceles de sicarios, porque cuando esclarecemos (los casos) nos damos cuenta de que pertenecían a uno y otro grupo; en la medida en la que se combata la delincuencia organizada, en esa misma medida van a ser disminuidos los homicidios dolosos.”

–¿Se puede resolver el tema de la inseguridad en Guanajuato y en todo el país?

–Sí se puede. Se tiene que apostar a un fortalecimiento en el trabajo de inteligencia operacional, una que pueda eficientar los procesos y las acciones de la autoridad en materia de prevención, reacción e investigación.

Ante los reclamos de la ciudadanía y de diputados locales, que le han exigido disminuir los índices delictivos, responde: “No me puedo comprometer a eso. Si yo trabajara en temas de prevención del delito, lo tendría que hacer: si hiciera la función de seguridad pública, lo tendría que hacer, pero mi función es la procuración de justicia”.

Zamarripa Aguirre indica que existe una confusión entre el rol de la seguridad pública y el de la procuración de justicia; las fiscalías comienzan su trabajo hasta que se comete un delito, no antes. “Me han dicho: ¿entonces usted no investiga un homicidio hasta que no hay un muerto? En efecto”.

Salamanca, epicentro de la violencia

El fiscal señala a Salamanca como el epicentro de la violencia que afecta a Guanajuato (donde el PAN gobierna desde hace más de 30 años), porque ahí se ubica la refinería de donde parten los ductos de Pemex cargados de combustible, sobre todo los que van hacia Tula, Hidalgo, que eran de los más perforados.

Comenta que, así como la refinería “fue una bendición hace más de 30 años, hoy ha sido un gran tormento por actos de corrupción desde hace muchos años”.

Ahora, apunta, el Ejército ha tomado el control de la seguridad institucional de Pemex de sus ductos, “están mucho más al pendiente y han disminuido los porcentajes, es un gran avance. Ha impactado en las ganancias de un grupo delictivo”.