A dos semanas de que comenzaron las mesas de trabajo para recibir denuncias vinculadas al presunto cártel inmobiliario, el Gobierno de la Ciudad de México ha dado atención a 156 personas que adquirieron departamentos en pisos excedentes o ilegales, de los cuales 121 se ubican en Benito Juárez.

Al hacer referencia a la información publicada por este diario sobre  la existencia de 243 pisos ilegales en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que cada caso debe ser analizado para determinar si los pisos en cuestión se derrumban o no.

Al destacar que dicha posibilidad es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía afectada, pues hay quienes ya comenzaron a habitar la vivienda, indicó que se tiene que conciliar con la empresa el resarcimiento de la violación; no obstante, advirtió que habrá sanciones tanto para funcionarios como para desarrolladores.

“Lo primero que a nosotros nos interesa es que los edificios estén bien construidos, por eso está en esta mesa de trabajo el Instituto de Seguridad de las Construcciones. Lo primero es tener certeza de que son seguros, a pesar de que violen o no el uso de suelo, y en todo caso ya se verá bajo qué condiciones.”

A la pregunta de si la regularización de inmuebles podría provocar que las empresas continúen violando usos de suelo con la confianza de que luego serán legalizados, Sheinbaum insistió en que habrá sanciones administrativas y hasta penales.

Precisamente, sobre las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia, apuntó que los avances se dan a conocer en los gabinetes de seguridad, donde se ha hallado una red de corrupción “muy grande, que lleva a niveles muy arriba.

“Aquí la investigación va a llegar hasta donde tope; es decir, aquí no va a haber más que la investigación que hace la fiscalía, las sanciones que tenga que poner el Instituto de Verificación Administrativa y la investigación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y al mismo tiempo seguir recibiendo las denuncias y poder dar alternativas a los que compraron de buena fe y que no tenían idea de que esto era un piso ilegal.”

La mandataria llamó a la ciudadanía a seguir denunciando la violación de usos de suelo para que la autoridad actúe de inmediato antes de que se concluya determinada construcción.

Ayer, este medio publicó que de los 243 pisos ilegales que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial tiene identificados en la Ciudad de México, 17 por ciento se encuentran en la alcaldía Benito Juárez, gobernada por el panista Santiago Taboada; el resto se ubican en Álvaro Obregón, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Coyoacán, principalmente.