Antes de que les agarre la prisa, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México tendrán que resolver el muy grave problema del llamado cártel inmobiliario.
El mal está perfectamente identificado. En ninguna alcaldía que no fuera panista se logró identificar el ilícito. Podríamos decir que se trata de una forma de ejercer el poder, un modus operandi propio de Acción Nacional, por lo que más que un cártel inmobiliario podría hablarse del cártel azul, cosa que sería más justa.
Los panistas son los que obligaron a la construcción ilegal de departamentos, de pisos completos, y los que supuestamente exigieron dinero para burlar la ley y permitir construcciones donde la ley no lo permitía.
Desde luego, los desarrolladores tienen lo suyo y no sólo en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, donde llenaron las alforjas. En Álvaro Obregón el cuento sigue y en Cuauhtémoc el grupo JSA, del arquitecto Javier Sánchez, que para evitar la justicia ha cambiado de nombre y supuestamente sigue operando, construyeron fraudulentamente y nada les pasa.
La fiscalía local, en sus indagatorias sabe que en el caso de las alcaldías panistas se usó, por decirlo de esa manera, un patrón que ha dejado a muchas familias en total desamparo porque sus propiedades, por las que pagaron importantes sumas, no existen legalmente. Es decir, se tienen todos o casi todos los elementos para iniciar las acciones de justicia, o legales, que se equiparen a las que se cometieron en contra de la gente, pero los panistas no han sufrido ninguna afectación.
Hasta donde sabemos, los azules no están quietos y ya preparan una contraofensiva para hacer que el gobierno aparezca como el malo de la película, el que pretende quedarse con los departamentos hoy ilegales.
El gobierno debe saber con toda certeza que los azules son expertos en darle la vuelta a lo que les perjudica y salir impunes de los problemas en que se meten para obtener beneficios. La bandera ya la conocemos: “haiga sido como haiga sido”.
Por eso, antes de que las prisas que los calendarios políticos imponen, se cumplan, es de la mayor importancia ponerle nombre y apellido a quienes actuaron en contra de la población, se llegue hasta donde sea necesario. Si esto no sucede muy pronto volveremos a ver cómo algún cártel inmobiliario u otro grupo de gobernantes panistas crea otro ilícito y burla la ley. Aguas con eso.
De pasadita
La condena a las acciones que un grupo de encapuchados realiza en las protestas importantes que se presentan en las calles de la Ciudad de México, principalmente, han sido condenadas por todos.
No cabe la represión, eso es cierto, pero tampoco la ilegalidad. Parece incontrovertible la idea de que esos provocadores buscan una acción represiva por parte de las autoridades, para destruir la estrategia de seguridad del gobierno.
No obstante, ya es hora de impedir que el episodio se siga repitiendo porque, entre otras muchas cosas, desacreditan las causas de las protestas que, además, pasan a un segundo término.
Son o parecen agentes pagados por la derecha que intentan descarrilar al gobierno. Eso debería ser investigado y dado a conocer por las autoridades para que no existan dudas de su origen.
La impunidad consuetudinaria no debe seguir galopando por las calles de la ciudad, algo tiene que hacer la parte del gobierno dedicado a estos menesteres para evitar que quienes manejan o pagan a esos grupos sigan gozando de plena impunidad. Ojo.
