Tras más de 10 meses y medio de participar como una de las cinco personas expertas que forman la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, Aleida García Aguirre renunció a su cargo como comisionada.

En un oficio enviado al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, expuso que la secretaría ejecutiva de la comisión “únicamente ha atendido la agenda institucional” en la elaboración del presupuesto para el trabajo de esta instancia, y se ha dejado fuera al “ala de la sociedad civil”, donde está adscrito el mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico.

En entrevista, explicó que la Comisión para la Verdad sobre este periodo conocido como guerra sucia está constituida por cinco instrumentos, tres de los cuales están dirigidos por instituciones como la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mientras los dos instrumentos restantes están compuestos por la sociedad civil, entre ellos las personas comisionadas.

Insistió que “la Secretaría Ejecutiva de la comisión, que tendría que responder al conjunto de la comisión, responde únicamente a los fines institucionales, y de esa manera lo que sucede es que el ala de la sociedad civil, que es la que da legitimidad a la comisión, queda completamente desdibujada para la obtención de presupuesto, para destrabar los temas burocráticos”.

Advirtió que si no se modifica la estructura en su conjunto para que las personas de la sociedad civil que trabajan en la misma tengan injerencia directa en la definición del presupuesto, “la comisión no va a ir a ningún lugar”.

Hasta ayer, indicó García Aguirre, la subsecretaría no le ha ofrecido alguna respuesta luego de su renuncia.