El informe dado a conocer el pasado 18 de agosto por el subsecretario Alejandro Encinas, en su condición de presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, legítimamente colocó bajo reserva pública (testar, se llama a ese proceso) todo aquello cuya difusión pudiese entorpecer la ruta deseada en busca de justicia.

No es que se buscase sustraer del genuino interés público esas partes del expediente (de haber sido tal la intención, hubiera bastado con no incluir una sola palabra de esos temas), sino justamente lo contrario: sólo manteniendo a resguardo tales nombres, detalles y circunstancias se podría aspirar a que, sin alegatos de presuntas violaciones al debido proceso, los subsiguientes órganos del poder público, del Estado, como son la Fiscalía General de la República y el aparato judicial federal, pudiesen procurar y aplicar castigos penales a algunos presuntos responsables relevantes de los crímenes de Iguala.

Alguien, sin embargo, maniobró para dar difusión pública a esas partes necesariamente testadas. Se hizo a través del diario Reforma, en una columna de la periodista Peniley Ramírez quien, además, en un giro aún más lesivo del debido proceso judicial y del interés supremo de buscar justicia en el terrible caso de los 43, difundió en redes sociales, a detalle, selecciones narrativas que revictimizan y, sobre todo, dejan constancia para fines judiciales de esa filtración que puede significar la impunidad de los acusados, entre los que destacan el general brigadier José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo y otros militares, políticos y ex servidores públicos.

El manejo hecho por Peniley Ramírez pone sobre la mesa de discusión las filtraciones, la ética y el periodismo. Lo primero que ha de preguntarse un periodista es si esa filtración favorece valores supremos, como en este caso la búsqueda de castigo a los perpetradores y cómplices de crímenes nefandos o si, por el contrario, se ayuda a romper y acaso dañar de manera definitoria esas expectativas justicieras. Decidir el bien mayor: ¿la información en sí o la búsqueda de justicia histórica? Para no dañar el debido proceso judicial, a criterio de este tecleador, debería practicarse el debido periodismo, recto y sin servicio a intereses u opciones oscuras.

La filtración desarticulante se inscribe en el enrarecimiento del tema Ayotzinapa-militares-poder civil, justo en vísperas del octavo aniversario luctuoso de los 43. De lo develado en el texto de Reforma, que forma parte del expediente oficial, se desprenden dos confirmaciones de alto impacto: el inequívoco papel de operatividad y complicidad criminales de altos mandos militares, utilizando a la vez instalaciones cuartelarias, que no pudieron operar largamente sin conocimiento de sus mandos superiores, entre ellos el general secretario Cienfuegos, y las acciones de encubrimiento y “control” de las consecuencias por parte de enviados del peñismo, como Tomás Zembrón de Lucio, comisionado de Peña Nieto para las tareas sucias.

La tensión entre alas del espectro institucional 4T están a la vista: el fiscal de las oscuridades, Alejandro Gertz Manero, decidió cancelar cuando menos 21 (16 militares entre éstas) de las 83 órdenes de aprehensión, haciendo a un lado a la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa, creada en la propia FGR para procesar, con la confianza de los familiares de los 43, todo lo relacionado con este tema.

Así se cumplen ocho años de un crimen de lesa humanidad que el actual gobierno federal no atina a resolver en cuanto a verdad plena y justicia verdadera, sobre todo en el plano de las fuerzas armadas, que resisten vigorosamente al escrutinio eficaz y al castigo ejemplar, con una fiscalía federal que se confirma como parte del juego de fuerzas entre el discurso 4T y la realidad alcanzable, Alejandro Gertz como obstructor institucional a modo. ¡Hasta mañana!

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