Santiago. La debilidad política/legislativa del gobierno del presidente Gabriel Boric, reflejada en que las dos coaliciones de centroizquierda que lo sustentan son minoría parlamentaria, hace improbable que pueda resistirse con posibilidades de éxito al condicionamiento establecido por la derecha para revivir el fracasado proceso constituyente en Chile, a lo sumo aspirar a ciertos cambios y acuerdos, señalan analistas.

Chile Vamos, una alianza opositora de tres partidos derechistas, puso en claro que no está disponible para replicar en idénticos términos la redacción de una nueva Carta Magna, que en julio de 2021 partió desde una “hoja en blanco”, es decir, sin un marco previo. Por el contrario, insiste en prestablecer “ciertos mínimos comunes” como “principios del proceso constitucional".

Estos serían "la unidad de la nación chilena; la existencia de tres poderes del Estado autónomos e independientes; la existencia de un Congreso bicameral (…), la protección del derecho a la vida; la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; la protección del medio ambiente; la protección de la propiedad; haciéndola extensiva a los fondos previsionales y al aprovechamiento de las aguas; la consagración expresa de Carabineros de Chile y las fuerzas de orden, en general, en un título autónomo; la protección del derecho a elegir en materia educacional, de salud y previsional; y la protección de un Banco Central autónomo".

Todas las materias que suscitaron controversias en el texto fallido que, por ejemplo, acordaba el fin del Senado, definía al país como “plurinacional”, declaraba a las aguas como “bien de uso público” y establecía el aborto como un derecho inalienable, etc.

También la oposición insiste en que “expertos” conformen “un comité técnico-político” proporcional “a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, personas con trayectoria en los asuntos públicos e institucionales", quienes redactarían “principios constitucionales que deben incorporarse, expresamente, al texto de una futura reforma", un cronograma de trabajo y “el reglamento de redacción del texto".

Según Cristián Fuentes, académico de la Universidad Central, con la supeditación que impulsa, la derecha pretende que le sea reconocido un derecho a negociar de igual a igual para así protegerse “de la posibilidad de que le suceda lo mismo que en la anterior Convención, es decir, que no tenga la fuerza suficiente para imponer o vetar”.

En cuanto a la capacidad del oficialismo de resistirse, dice que “la Constitución sale de un acuerdo o no sale. Hay que recordar que la reforma constitucional requiere ahora 4/7 de los parlamentarios y no 2/3, aunque nadie tiene por sí mismo dicho quórum. Además, es necesario tomar en cuenta que se trata de un Parlamento fragmentado”, explica.

En cuanto a que se afecte la legitimidad del nuevo proceso, considera que “sí existe ese riesgo porque bordes muy gruesos hacen irrelevante la nueva Convención y actores no electos representan a un establishment bastante deslegitimado. Después del plebiscito del 4 de septiembre nadie puede confiar en un electorado eminentemente infiel, sobre todo con voto obligatorio”.

Mario Herrera, académico de la Universidad de Talca, opina que la derecha además de salvaguardar el modelo económico neoliberal, busca asentar “temas que le son importantes como la propiedad, la vida, igualdad de derechos, que formaron los puntos más álgidos de la discusión del proceso anterior. No es solamente el modelo, no apunta únicamente a cuestiones económicas, sino también a temas valóricos y al sistema político”.

En cuanto a las posibilidades de la centroizquierda de oponer resistencia, dice que “el pacto de gobierno es insuficiente para alcanzar los apoyos que necesita, se requiere de 4/7 en ambas cámaras para reiniciar el proceso constituyente y son imprescindibles los votos de la derecha; el gobierno necesita dar una señal política de capacidad de llegar a acuerdos y eso pasa necesariamente por una negociación con la derecha, porque margen de maniobra el gobierno no tiene, más allá de negociar algunos de los puntos”.

En cuanto a la legitimidad del proceso, Herrera dice que “eso no está en juego”, pero advierte que “sí puede estar en juego que esto termine siendo más una reforma a la constitución vigente, con pilares inamovibles, que la generación de un nuevo texto”.

El propio Boric, en declaraciones recientes, si bien expresó su rechazo a que se alcance una Constitución “sólo entre un acuerdo de los partidos políticos o de un grupo de expertos designados por los partidos” porque “no respondería al mandato que el pueblo estableció” en 2020, sí pareció resignarse a que el proceso no inicie desde una “hoja en blanco”.

“Espero que tengamos una nueva Convención, con bordes más claros; con plazos quizás más acotados, tomando en cuenta la experiencia anterior y con apoyo de expertos o de gente que contribuya a hacer la discusión más fácil y digerible para todos”, afirmó.