Atoyac De Álvarez, Gro., Cincuenta años después, los pobladores de la comunidad El Quemado aún esperan justicia por los agravios perpetrados por efectivos del Ejército Mexicano, quienes detuvieron, torturaron y desaparecieron a 93 campesinos en septiembre de 1972, acusados de apoyar al guerrillero Lucio Cabañas, quien el 23 de agosto de ese año emboscó a militares en el paraje Arroyo Oscuro.

Asimismo, fueron aprehendidos 15 vecinos de poblados aledaños a El Quemado, a quienes se sentenció a 30 años de prisión. Casi todos fueron liberados al cabo de unos meses; 24 pasaron más de cuatro años y tres meses en la cárcel; siete fueron asesinados y siete, desaparecidos: Gregorio Flores, José Veda Ríos, Aurelio Díaz, Salustio Valdés, Ángel Piza, Mauro García e Ignacio Sánchez; se tienen registros de que este último fue torturado hasta la muerte en la cárcel y su cuerpo nunca fue entregado.

“Pedimos al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga. La demanda central es la reparación del daño. En su campaña le entregamos dos oficios y nos dijo que vendría como Presidente a El Quemado, y lo seguimos esperando”, dijo Arturo Ríos, miembro del Comité de Agraviados de la Guerra Sucia en El Quemado, cuyo padre, José Ríos, está desaparecido.

En una reunión convocada por el Comité de Agraviados y celebrada en la localidad serrana de El Quemado, 24 de los sobrevivientes conmemoraron entre lágrimas, y sobre todo con coraje, sus años de cárcel y las torturas que sufrieron.

“Ojalá hubiéramos conocido” a Lucio Cabañas

Recordaron que en septiembre de 2021 la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que encabeza Martha Yuriria Rodríguez, indemnizó a 40 de los 79 agraviados, y “faltan otros 30, pero no estamos de acuerdo con los parámetros que se tomaron en cuenta; no fueron parejos. Incluso se comprometieron a estar con nosotros los días 20 de cada mes y solo volvieron una vez”, afirmó Arturo.

La CEAV otorgó a cada vejado unos 330 mil pesos, de los cuales 100 mil fueron por daño no procesante, 100 mil por daño moral, 100 mil más por daño patrimonial (pérdida de cosechas y animales) y gastos de alimentación por 5 mil pesos, entre otros conceptos.

En la reunión se pidió a sobrevivientes de secuestro, tortura y encarcelamiento en septiembre de 1972 que narraran sus experiencias. Abelina Ríos empezó a hablar, pero su llanto la detuvo.

Franco Vargas, presidente del Comité de Agraviados, expuso: “Estuve preso cuatro años y tres meses. Mi indemnización fue de menos de 300 mil pesos. Se nos acusó de la matanza de soldados”.

Recordó que se le atribuyó la muerte de militares “y ser gente del profesor Lucio (Cabañas). Ojalá siquiera lo hubiéramos conocido”.

Fernando Morales, hijo de Darío Morales, afirmó que a sus hermanos “Guillermo, Eliseo y Abelina, los detuvieron; a mí no me llevaron porque tenía siete años, pero a mi hermano de 14 sí, todos presos cuatro años y tres meses. Mi papá, dos años. El gobierno arrasó el pueblo y nos acusó de participar en la emboscada de Arroyo Oscuro”.

Consideró que la indemnización fue “una burla”, pues “muchas personas murieron a golpes, por tortura y tumores, como mi papá. Todavía hay personas con tumores; mi hermano está enfermo de la vista porque estuvo como cuatro meses vendado y amarrado; ya murió mucha gente”.

En ese tiempo “iba a dejar mis bestias y los soldados me bajaban y me decían: ‘ya vas a ver a Lucio Cabañas’. Cuando íbamos de compras a Atoyac, los soldados nos espantaban y preguntaban ‘¿a dónde van?’, y mi mamá les decía que a comprar alimento. Y decían: ‘Ya le llevan comida a Lucio Cabañas’”.

López Obrador ofreció ir a El Quemado a dialogar con los sobrevivientes, pero “no ha venido. Queremos una indemnización justa para los 24 afectados, aunque ya sólo viven la mitad, y apenas se fueron (perecieron) unas cinco o seis personas. Gracias a una trabajadora social, Josefina (no ofreció su apellidos), que interpuso un amparo, acortó el tiempo y consiguió la amnistía, y la dieron como en 1976 o 77”, afirmó Fernando.

En su turno, Tomasa Ríos, hija de Agustín Ríos, acotó: “Mi padre fue encarcelado; al otro día se lo llevaron en un helicóptero. A mí me llevaron a Cacalutla y luego a Acapulco. Mis otros hermanos se salvaron porque andaban en Acapulco trabajando”.

Gregorio Pascual Tecuapa comentó: “A esta cancha llegó el gobierno. Todos los días nos reunía y apresaban de ocho a 10 personas y las metían en esa casa que está ahí caída. Un día el coronel dijo que ya no se llevaría a nadie, que sólo a otros cuatro, luego los trasladó a la cancha de la preparatoria y los subieron al helicóptero. Lloraban los niños y las señoras, viendo que se los estaban llevando”.

Según Arturo Ríos, “son 50 años de injusticias del gobierno, que no nos ha cumplido. El 7 de julio pasado nos vimos obligados a bloquear para decirle que no se nos ha hecho justicia”.

Ese día representantes de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Comisión de la Verdad y la CEAV se comprometieron a ir a El Quemado los días 20 de cada mes, pero “estuvieron en dos ocasiones y no se llegó a nada”.

Advirtió que “no habrá perdón ni olvido”. Rememoró que su padre, José Veda Ríos, fue arrestado y torturado, y el 6 de septiembre de 1972 se lo llevaron maniatado a la localidad El Ticuí. “Ahí aterrizaban los helicópteros rumbo a la 27 Zona Militar de Acapulco, y otros a la Zona Militar de Atoyac. Lo buscamos más de 20 años en el campo militar número 1 y otros lugares. Nunca perdimos la esperanza”.

Martín López cerró el acto: “Mi papá fue apresado y torturado en (el paraje) El Pénjamo. Lo sumían en agua. Yo tenía como 13 años y vimos todo. Los tiempos han cambiado. El Quemado no va a ser pisoteado por ninguna autoridad. El Quemado ha despertado. Si un gobierno nos viene a pisotear, nos viene a humillar, a querer sacarnos de este pueblo, no nos vamos a dejar, vamos a responder como se merece”.