Mazatlán, Sin., Activistas originarios de comunidades de la etnia yoreme, quienes se oponen a que continúe el proyecto de construir una planta capaz de producir 2200 toneladas métricas por día de amoniaco anhidro en el puerto de Topolobampo, municipio de Ahome, aseguraron haber recibido amenazas anónimas.

Felipe Montaño Valenzuela, gobernador tradicional indígena de Ohuira –poblado que se encuentra en Ahome– y vocero del consejo consultivo de la nación yoreme-mayo, dio a conocer las intimidaciones y lamentó que se recurra a amenazar a los principales activistas de poblados que desde hace años defienden sus territorios ante instancias legales, por medio de los amparos en revisión 497/2021 y 498/2021, con los cuales buscan evitar que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) opere en Topolobampo, donde rellenó humedales y arrasó con 28 hectáreas de manglares.

Montaño Valenzuela precisó que las advertencias se profirieron el pasado 11 de septiembre, luego de que se celebró una consulta sobre las actividades de GPO en la comunidad Ohuira. Indicó que se previno que sería secuestrada una mujer a quien no identificó, que encabeza a opositores a la planta de amoniaco.

Recordó que él y sus compañeros solicitaron respaldo a la organización no gubernamental Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, que pidió medidas cautelares y de protección para las activistas Claudia, Melina e Irene, y para él mismo, pues en mayo anterior recibieron amenazas del subsecretario de Gobierno estatal, Adolfo Jiménez, por lo que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Destacó que los yoreme luchan desde hace nueve años contra GPO, en busca de justicia y respeto a sus derechos, a tratados internacionales y a sus usos y costumbres.

El gobernador tradicional indígena dio a conocer que él y sus compañeros comenzaron a recorrer la entidad en compañía del colectivo Sinaloa Despierta ¡Aquí No! para promover que la planta de amoniaco se construya en otro lugar, donde no genere conflictos ambientales. Argumentó que esas instalaciones contaminarían los humedales de Topolobampo, considerados sitio Ramsar, en perjuicio de unos 3 mil 500 pescadores.

El líder yoreme expuso que el pasado 18 de septiembre, en la comunidad Paredones del municipio de Culiacán, concluyeron las labores informativas, deliberativas y consultivas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó realizar para solicitar a pobladores su consentimiento para las obras de la planta de amoniaco.

Acotó que las localidades de Juan José Ríos, Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones rechazaron que siga el proyecto de GPO. Aseguró que en total 15 poblados participaron en el proceso de consulta.

Comentó que él y sus compañeros no encontraron sentido a que la SCJN mandara consultar a los pueblos originarios, porque las obras de la planta de amoniaco se iniciaron en 2014 “sin consulta previa y de mala fe”, además de resultar culturalmente inadecuadas, porque falsos gobernantes tradicionales apoyaron los intereses económicos y políticos de los promotores del proyecto.

Argumentó que las comunidades indígenas, que tienen cientos de años de haberse asentado en Sinaloa, sólo defienden lo que les pertenece. Aseguró que el proyecto de GPO no avanza porque a los grupos indígenas les asisten la verdad y la legalidad y por eso han ganado amparos. Explicó que no están contra el desarrollo ni el progreso económico; sólo están a favor de la vida y las comunidades.

Agregó que GPO acusó a la científica Diana Escobedo Urías, del Centro de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, adscrito al Instituto Politécnico Nacional, de injerencia en la consulta, imputación que viola los derechos de etnias a designar a sus asesores libremente.

Explicó que empresarios llegan como “invasores” y que los indígenas tienen el mar, que es más relevante que la planta de amoniaco, incluso si ésta cumple su promesa de generar 143 empleos.