El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solicitó para el año entrante 3 mil 15 millones de pesos, de los cuales 93.1 por ciento se dirigirán a gastos operativos fijos, incluidas las remuneraciones de mil 500 empleados permanentes y unos 300 eventuales.

Los magistrados reciben “bono de riesgo” como parte de las vastas prestaciones otorgadas a los mandos del Poder Judicial.

Los 3 mil 15 millones incluyen recursos para atender los juicios relativos a las elecciones del estado de México y Coahuila y para el inicio de la contienda de 2024. Ese año, además de la Presidencia de la República, se votará por los integrantes del Congreso de la Unión y en otros procesos concurrentes: nueve gubernaturas y 19 mil 909 cargos a escalas estatal y municipal.

Años después de episodios de dispendio divulgados en la prensa, el TEPJF echó a andar un plan de racionalización del gasto y de ahorros, aunque por ahora las economías todavía son marginales.

No obstante, directivos del TEPJF afirman que la petición presupuestal para el año entrante es “responsable” y no “absorbe” el impacto inflacionario de 7.7 por ciento previsto por la Secretaría de Hacienda.

Entre los ajustes para avanzar hacia la racionalidad se han prohibido los gastos de representación al personal administrativo, no así a los magistrados. También fueron suspendidas las remodelaciones con fines estéticos. El “ahorro” obtenido de diferentes fuentes se redirigirá a proyectos de inversión.

Así, de los 3 mil 15 millones, el gasto corriente quedará en 2 mil 935 millones y en 80 millones el de inversión.

Como se ha difundido, el INE solicitó 24 mil millones a la Cámara de Diputados, incluidos 6 mil 300 millones para financiar a partidos políticos nacionales.

En tanto, en el TEPJF el objetivo es ponderar la inversión para la justicia abierta y digital y la protección de derechos (operará desde el año entrante la nueva Defensoría Pública Electoral). Se intenta mayor eficacia del gasto, sin generar nuevas plazas permanentes, al tiempo que se impulsa el servicio de carrera administrativa.

La todavía modesta racionalidad del gasto se evidencia porque durante 2022 se han ahorrado apenas 17.3 millones de pesos, y se propone que el año próximo bajará el gasto en telefonía celular, alimentación de trabajadores y asignación de vehículos para directores generales, entre otros rubros.

“El presupuesto solicitado para 2023 se diseñó con base en los principios de economía, honradez, transparencia, eficiencia, austeridad y disciplina presupuestal”, se indica en un documento interno del máximo tribunal electoral del país.