La negociación en torno a la minuta que prorroga hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública podría prolongarse toda la próxima semana en el Senado, ya que los priístas insisten en que se modifique de forma integral el artículo sexto transitorio, para reforzar mecanismos de control del Congreso a los militares, pese a que en la reforma se establecen ya y se obliga incluso a las autoridades en la materia a rendir un informe anual.

El problema de fondo es la división en la bancada del PRI, donde los que no son afines al dirigente Alejandro Moreno, Alito, no están de acuerdo en que parte de sus compañeros voten la minuta y pretenden imponer condiciones, comentó la senadora de Morena Antares Vázquez. Hay además, dijo, una gran incongruencia de la oposición, a la que sólo le interesa mantener su alianza electoral, sin importar el grave problema de inseguridad “que sus gobiernos heredaron al presidente Andrés Manuel López Obrador”.

En la minuta que Morena, sus aliados y el PRI aprobaron en San Lázaro y remitieron al Senado, con la modificación al artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, se prevé integrar una comisión de diputados y senadores para vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en esa norma y se obliga al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a rendir un informe anual.

Sin embargo, en las negociaciones que un grupo de priístas llevó a cabo con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, plantearon reformar el artículo sexto transitorio, de ese mismo ordenamiento, para que los informes sean cada seis meses y los rinda la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Comisión Bicameral del Congreso.

Aunado a ello, se pretende que esta última convoque semestralmente a los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina y de la SSPC a comparecer ante esa Comisión Bicameral del Congreso, también para evaluar el funcionamiento de la Guardia Nacional.

Esos puntos estaban ya acordados con Morena, pero en la mañana del miércoles pasado dos senadores del PRI decidieron no votar la minuta y plantearon que se afiance también que habrá recursos suficientes para las policías estatales y municipales y la garantía de que serán capacitadas.

Estados con poca inversión

Al respecto, el senador del PVEM Rogelio Israel Zamora resaltó que son los gobernadores de oposición los que no se han preocupado por fortalecer a sus policías estatales. Puso de ejemplo a Tamaulipas, que aún gobierna el PAN, que sólo dedicó 3 mil millones de pesos, es decir, 4.9 por ciento de su presupuesto, a seguridad pública.

Igualmente, el gobierno panista de Guanajuato, que está entre los más violentos del país, de su presupuesto de 92 mil millones de pesos, destinó 5 mil millones a seguridad pública, 5.6 por ciento, y en el caso de Aguascalientes, 4 por ciento.

El senador Zamora recalcó que Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, de un gasto de 137 mil millones de pesos, sólo usó 3.7 por ciento al rubro de seguridad, y Nuevo León, 5.5 por ciento.

En contraste, subrayó, en la Ciudad de México, 14 mil millones de pesos, que representan 16.3 por ciento del presupuesto, fueron al combate a la inseguridad, casi el triple de lo que destinan los gobiernos de oposición, pero “en un discurso de simulación y egoísmo”, los legisladores de PAN, PRI, MC y PRD sostienen que les preocupa que no haya recursos suficientes para las policías estatales y municipales.