Más de 300 internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, solicitaron a través de sus familiares que el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), acuda al centro penitenciario para denunciar las anomalías del sistema judicial, principalmente en el segundo circuito que corresponde al estado de México.

En un documento entregado a Christian Candi, titular de la Oficina de Atención Ciudadana de la SCJN, el pasado 12 de septiembre, los familiares de los internos explicaron el contenido del escrito signado por reclusos relacionados con diversas organizaciones delictivas.

Entre los firmantes se encuentran Héctor Luis El Güero Palma Salazar, fundador del cártel de Guadalajara; Juan Carlos Tarabay Castillo, identificado como “auditor y supervisor” del cártel del Golfo en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, y quien había solicitado meses atrás que la Corte analizara su caso.

De igual manera firmaron la petición Teodoro García Simental, del cártel de Tijuana; Eloy Treviño, de Los Zetas, y el mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon.

Al igual que los hermanos Ángel y Sidronio Casarrubias Salgado, implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En su escrito, los internos solicitan “una audiencia de forma presencial en el lugar de nuestra reclusión para que en el marco y ejercicio de sus funciones se sirva escuchar nuestras súplicas de justicia, debido a las arbitrariedades y abusos de que somos objeto por parte del personal del Poder Judicial de la Federación, a su digno cargo, principalmente los jueces de distrito y magistrados, tanto de tribunales unitarios como colegiados, todos del segundo circuito”.

Ya que los impartidores de justicia “indebidamente evaden los derechos fundamentales de juicio justo e impartición de justicia plena, pronta e imparcial (…) me permito hacer de su conocimiento que dichas autoridades emiten sentencias totalmente infundadas y omiten valorar las violaciones a los derechos humanos”.

Los internos señalan en su misiva que los juzgadores omiten “ponderar las detenciones ilegales, la simulación de delitos flagrantes, las detenciones por órdenes de localización, retenciones prolongadas y que las violaciones a derechos fundamentales fueron cometidas en la etapa ministerial”.

Funcionarios del PJF entrevistados respecto de la audiencia en la cual los familiares y representantes explicaron el contenido de su misiva firmada en total por 398 internos del Cefereso número 1, mencionaron que en el encuentro se dijo que esta solicitud fue motivada por la visita que realizó el ministro Zaldívar a la prisión de Santa Martha Acatitla, y que luego de ella pusiera en marcha la revisión de casos de las internas que se encontraban presas por irregularidades en sus procesos.

Los internos refieren que hay sentencias en las que jueces y magistrados no analizan sus pruebas y sustentan sus sentencias solamente en razonamientos del Ministerio Público Federal y omiten las deficiencias de las indagatorias, a pesar de la inexistencia de elementos probatorios de su responsabilidad. También cuestionan los casos en que los presos de nacionalidad mexicana son entregados en extradición, aunque se les procese por los mismos hechos en otras naciones.