Cuernavaca, Mor., A tres días de que se cumpla un año del desgajamiento del cerro de las Piedras Preciosas, en el municipio de Jiutepec, que dejó 23 viviendas y lotes sepultados, damnificados denunciaron que la empresa Triturados no Metálicos de Xiutepec, que extrae cal y arena del lugar, sigue operando en la zona, a pesar de que, recuerdan, ocasionó el accidente.

Reclamaron que el edil Rafael Reyes y el gobernador Cuauhtémoc Blanco, ambos de Morena, no han cumplido con sus promesas de darles apoyo y reubicarlos.

“Exigimos que se cierre la mina y nos trasladen a un lugar seguro porque son terrenos donde ya no se puede construir y los inmuebles quedaron inhabitables”, dijo Juan Hernández Osorio, uno de los perjudicados por el derrumbe ocurrido el 28 de septiembre de 2021.

Irma García Eloiza, quien también forma parte del grupo de damnificadas, pidió a los tres niveles de gobierno ayudar a las más de 20 familias de escasos recursos que se quedaron sin un lugar donde vivir porque sus casas colapsaron, “quedaron volando” o partidas a la mitad por dos grandes grietas que se abrieron en dicho cerro.

“Hay quienes tienen mucha necesidad y llevan casi un año pagando renta porque sus viviendas se cayeron, pero más que nada, insistimos en que esa compañía (propiedad de Javier Barbará Salazar) deje de operar, porque si no, va a haber otro accidente y será más la gente con este problema, y no creo que el gobierno quiera eso, pues ni siquiera pueden atender a estos 20”, reclamó.

Los inconformes afirmaron que esta colonia “no es irregular”, pues la mayoría son comuneros y por tanto tenían derecho de construir su casa ahí o sembrar en sus terrenos.

Irma, por ejemplo, explicó que contaba con unos mil metros cuadrados en los cuales cultivaba nopal, pero después de lo sucedido perdió su cosecha y los trabajadores de Protección Civil no le permiten entrar ya que hay letreros que indican que es un área de alto riesgo.

Los quejosos reprocharon que la mina, a la que responsabilizaron del derrumbe porque realizaba explosiones con dinamita, continúe sus actividades a pesar del peligro que corren unas 50 familias que aún habitan “por necesidad” del otro lado del cerro.

Detallaron que aunque los vecinos ya no han escuchado los estallidos que antes eran frecuentes en las inmediaciones, sí hay quienes han visto pasar los camiones con material y personas que laboran en el sitio.