El 6 de enero de 1992 fue aprobada la contrarreforma al artículo 27 de la Constitución en medio de una gran agitación y oposición de las bases campesinas e indígenas. Y aunque el Estado rompió el pacto social establecido en la Constitución de 1917, ellos no estaban dispuestos a perder la propiedad social de sus tierras, resultado de la Revolución Mexicana, que había costado un millón de muertos.

Los diseñadores de esa política aseguraban que los campesinos estaban ávidos de un título de propiedad individual; sin embargo, la comparación entre los censos ejidales de 1991 y 2007 –antes y después de la contrarreforma– registran datos contrarios: el número de ejidos y comunidades aumentó y pasó de casi 30 mil, a 31 mil 500, mientras su superficie creció en más de 2.6 millones de hectáreas para alcanzar 106 millones de hectáreas, más de la mitad del territorio del país.

Además, aunque la contrarreforma canceló el reparto agrario, los campesinos realizaron una reforma agraria social que permitió a 2.1 millones de posesionarios contar con tierra. bit.ly/3LkMseN

En este periodo de 15 años operó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que buscó que la mayoría de los ejidos y comunidades fueran certificados. Al concluir en 2006, a pesar de las presiones del gobierno, quedaron sin certificar 17.4 millones de hectáreas de 2 mil 761 ejidos y comunidades, quienes al oponerse al programa rechazaban una reforma desde arriba y sin consenso.

Oaxaca, Chiapas y Guerrero fueron los estados que más se negaron a entrar en el Procede y las regiones sin certificar coinciden con territorios de los pueblos indígenas. Los ejidos y comunidades que entraron al programa sostuvieron la propiedad social de sus tierras por decisión de sus asambleas que certificaron más de 70 por ciento de su propiedad social como tierras de uso común para mantener las características de inalienable, imprescriptible e inembargable. bit.ly/3BsS2r7.

Después de esos primeros años y sin datos censales más actuales, los del Registro Agrario Nacional –que no son comparables con los de los censos– aumentan en 584 los ejidos y las comunidades entre 2010 y 2021. Estos nuevos núcleos agrarios se forman por el interés de los propietarios, pues la obligación estatal terminó. La superficie social registrada ha disminuido, pero sólo en 840 mil hectáreas, que equivalen a menos de uno por ciento del total. Las entidades que han perdido más propiedad social son Baja California, Chihuahua, Campeche, Sonora y Veracruz, donde la agroindustria, el negocio inmobiliario, los complejos turísticos, los proyectos energéticos, la minería y la violencia juegan un papel importante en la enajenación de la tierra. Oaxaca y Durango son las que han ganado más superficie social. En Oaxaca aumentaron 39 comunidades y cuatro ejidos que incrementaron 238 mil hectáreas.

En agosto pasado la comunidad de Yalalag, Oaxaca, recibió sus documentos agrarios para culminar la lucha emprendida por sus habitantes, quienes aportaron sus propiedades privadas y compraron tierra a particulares para constituir de nueva cuenta la propiedad comunal, privatizada desde 1866 bajo las leyes de desamortización. El ejido San Isidro, en Jalisco, recuperó este año 280 hectáreas después de un litigio contra la trasnacional Amway, mientras el ejido Opopeo, en Michoacán, logró la devolución de 40 hectáreas contratadas con la compañía productora de moras Horti Frut.

A la par, en la gran mayoría de ejidos, los ejidatarios han vendido alguna porción de sus parcelas a otros integrantes del mismo ejido, y en ocasiones a personas ajenas. La renta de tierra ejidal y comunal es también generalizada, sobre todo en regiones con alta productividad agrícola, disponibilidad de agua y mano de obra barata.

Bajo este mecanismo empresas e individuos han logrado acaparar grandes extensiones en las que instalan invernaderos para la producción de berries, jitomates, pepinos, pimientos, etcétera, o producen de forma intensiva a cielo abierto maguey, nogales y aguacate. Realizan la ansiada reconversión productiva del modelo agrícola promovido por el libre comercio, que lleva consigo el control de la propiedad por parte de agentes externos, quienes disputan a los dueños el agua y contaminan sus recursos y al término del contrato dejan las tierras prácticamente inservibles. Algunos abogados pretenden legalizar mediante artilugios la venta de estas tierras a las empresas, sin pasar por la asamblea dura, en la que deben decidir 75 por ciento de los ejidatarios.

No obstante, entre 1997 y 2007 se habían vendido sólo 3 millones de hectáreas, equivalentes a 2.8 por ciento de la superficie social, y habían adquirido el dominio pleno 4.7 millones de ellas. Entre 2010 y 2017, de acuerdo con el RAN, tienen dominio pleno 3.5 millones de hectáreas.

Después de 30 años de contrarreforma agraria, la propiedad social se mantiene por decisión de los campesinos.

* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano