Aunque son “momentos complejos” para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el país, se trata de un contexto que se ha presentado por más de 16 años. Las cifras más elevadas en cuanto a asesinatos de comunicadores se registraron en el sexenio de Felipe Calderón, con 101 casos; con Enrique Peña Nieto fueron 96, y en lo que va de la presente administración suman 63.

En cuanto a los defensores, hay mayor cantidad de agresiones: en el actual sexenio se contabilizan 107 asesinatos, sostuvo Enrique Irazoque Palazuelos, coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, quien agregó que “es sin lugar a dudas contundente” que en México se agrede más a personas defensoras que a comunicadores.

En estas violencias están involucrados tanto el crimen organizado como autoridades locales. “Si resolviéramos que las autoridades municipales dejaran de agredir, solucionaríamos 40 por ciento de la problemática”, dijo en entrevista.

Frente a los señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales que han expresado que 2022 “es el año más letal para la prensa” en México, Irazoque Palazuelos defendió que “si hacemos un análisis de lo que ha pasado de 2006 a la fecha, podremos ver que los años hasta este momento más complejos en términos de los asesinatos para periodistas tenemos 2012, con 22, luego tenemos tres años con 20 asesinatos que serían: 2010, 2018 y 2020”. En lo que va de este año se registran 13 casos.

Mientras en 2018 el mecanismo protegía a 798 personas, hoy integra a más de mil 600, de los cuales, mil 112 son defensores de derechos humanos (594 mujeres y 518 hombres), resaltó.

Además, “el gran universo” de periodistas y defensores asesinados no estaban integrados al mecanismo. “Básicamente, nosotros hemos reaccionado a lo que acontece, pero en la mayoría de los asesinatos donde las personas no están en el mecanismo, pues tampoco se tenía antecedente de que hubiera algún tipo de amenaza o riesgo a su integridad o a su vida”.

El también titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación apuntó que alrededor de 50 por ciento de las solicitudes de protección son rechazadas por no cumplir con los requisitos de ley: ser periodista o persona defensora, que tenga una amenaza o riesgo y que éstos tengan que ver con su labor. Los casos considerados conflictos entre particulares no son aceptados y se canalizan al Ministerios Público o fiscalías correspondientes.

Irazoque advirtió que el acudir como única alternativa al mecanismo, por la falta de respuesta en los estados, “en algún momento va a terminar por perjudicar al propio mecanismo en términos de toda la erogación de recursos”. Insistió en que “es un problema de Estado y tiene que permear una visión de Estado para encontrar respuesta”.