Buenos Aires. En la causa Vialidad “hubo toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio”, en la que se violó la Constitución Nacional, sostuvo la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al presentar al mediodía de ayer su alegato de defensa, que le había sido denegado por la Fiscalía sobre el caso.

Aseguró que las acusaciones en su contra fueron realizadas sobre “decretos aprobados por el Parlamento”, al considerar que los fiscales y los jueces en este proceso constituyen “un claro caso de prevaricato”. A 22 días de ser víctima de un fallido atentado, la vicepresidenta mostró en la audiencia ante los tribunales del juicio oral su profesión en leyes. “Si no fuera abogada, estaría en un estado de indefensión”, declaró la también ex presidenta de la nación en dos periodos (2007-2015), en un alegato que se convirtió en una conferencia magistral sobre las normas constitucionales y el derecho penal en el país.

Lo mismo hicieron sus litigantes defensores que la precedieron en la sesión, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, al desmontar punto por punto las inconsistencias de la acusación fabricada en la causa Vialidad, en la que se le imputa su participación para defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

La demanda “no tiene ni pies ni cabeza”, calificó Fernández de Kirch-ner mediante la plataforma de videoconferencias Zoom desde su despacho de presidenta del Senado demostrando que el caso es “profundamente anticonstitucional”, al ejercer su derecho a su propia defensa ante el Tribunal Oral Federal.

Analizando los motivos expuestos por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, demostró cómo se violó la Constitución con las pruebas falsas que introdujeron irregularmente para pedir que se la condene a 12 años de prisión y se la inhabilite de por vida a ejercer cargos públicos.

Ante lo anterior, solicitó a los jueces que “se extraigan testimonios de todos y cada uno de los hechos donde, confrontados dichos del fiscal con la prueba obrante en autos, sea pericial, testimonial o documental, quede demostrado que los fiscales Luciani y Mola mintieron en el alegato final”.

Indicó que la acción de los fiscales viola la Constitución porque “un gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado una asociación ilícita”, al mencionar “las arbitrariedades” en su contra. Resulta que la fiscalía argumentó “que estos tres gobiernos elegidos por el pueblo (el de Néstor Kirchner, de 2003 a 2007 y los dos periodos que ella encabezó) son una asociación ilícita para hacer 51 obras en Santa Cruz (…) Esta sola enunciación bastaría para que nadie tome seriamente esta acusación porque es ilógica, absurda, raya en el ridículo”, argumentó.

Y lanzó al tribunal la retórica “si tres gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas, ¿qué pasa con todo lo acontecido en 15 años en la República Argentina? (…) llegaríamos al ridículo de que el fiscal Luciani no debería estar en esta causa porque no es fiscal, porque (su cargo) se lo firmé yo, la jefa de la ‘asociación ilícita’”.

Otro tema muy fuerte que la vicepresidenta atacó es que la fiscalía “se arrogó la supremacía sobre los otros dos poderes (del Estado). No, no, no”, rechazó la vicepresidenta, dirigiéndose a los magistrados: “Va de suyo que esto no es así, pero es lo que se afirmó en ese juicio”.

Recordó la anomalía que representa el hecho de que el fiscal Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quienes forman parte del tribunal que la juzga, hayan participado en torneos en una propiedad del ex mandatario Mauricio Macri.

En el caso específico de Luciani, denunció que su alegato fue “una intervención artística grandilocuente” e “histriónica” que sólo expuso “mentiras, calumnias y difamaciones”. Muy importante tema abarcó en su alegato el equipo de la vicepresidenta, que contribuyó a demoler lo que pudiera haber quedado en pie de sus defensores.

Beraldi se refirió a que los presupuestos de las obras eran aprobadas en el Congreso Nacional y describió como una “absoluta fantasía” de la fiscalía decir que se actuaba “como instrumento de una asociación ilícita”. Frente a la acusación de los fiscales la fiscalía incurrió en “mala praxis” y “vulneración del derecho de defensa” y se fragmentó la causa “deliberadamente para conspirar contra el descubrimiento de la verdad”. Entre otros puntos, señaló que “no existe un solo elemento de prueba serio que indique que se hubieran pagado trabajos no realizados”, y lanzó: “¿Qué está probado en este juicio? Que Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió ninguna directiva vinculada a estos casos que acá se investigan”.