Madrid. Decenas de miles de trabajadores del sector público se manifestaron en Madrid para exigir una subida salarial inmediata y urgente ante la espiral inflacionista de los últimos meses y ante la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años. En la protesta, a la que no acudieron los sindicatos mayoritarios en el país, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), también sirvió para señalar a estas organizaciones sindicales como “cómplices” de la “mentira” y la “traición” del actual Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, y fruto de la coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP).

Se trata de la primera gran manifestación de los funcionarios de la actual legislatura, que decidieron expresar en la calle su malestar por la parálisis del gobierno ante su pérdida de poder adquisitivo, agravada, si cabe, en los últimos meses en los que la guerra en Ucrania y el elevado precios de los hidrocarburos y la electricidad han disparado los precios de la canasta básica y de la vida en general. Según estimaciones de las organizaciones convocantes hubo más de 70 mil personas, mientras que la Delegación del gobierno en Madrid, que pertenece a la administración central, rebajó la cifra a 17 mil.

En cualquier caso la manifestación fue un éxito para las plataformas sindicales de los funcionarios públicos, sobre todo si se toma en cuenta que los dos sindicatos con más representados en la burocracia española, UGT y CCOO, decidieron no respaldar las movilizaciones y alinearse con la tesis del gobierno sobre el problema real de pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios públicos, que atribuyen a una supuesta inflación “pasajera”.

En lo que va de año, el costo de la vida en España se ha incrementado en más del diez por ciento, así lo avalan los informes mensuales de los institutos oficiales sobre la inflación, que confirmaron los peores augurios de principios de año. En los meses transcurridos del 2022 se estima que hay una inflación acumulada de más del 10,5 por ciento, a la espero de los meses más delicados en cuanto a los precios, los del otoño y el invierno, que son precisamente cuando más hidrocarburos y electricidad se consumen por las bajas temperaturas del invierno. La canasta básica se ha incremento una media de un 15 por ciento, pero hay productos, como la leche, los huevos o el pollo que el incremento roza en algunos casos el 20 por ciento.

La Central Sindical Independiento y de Funcionarios (CSIF) decidió convocar a sus afiliados a la calle después de que fracasaran sus intentos de sumar a los otros grandes sindicatos del sector, UGT y CCOO, a una movilización masiva. Sus reclamos son “una subida salarial justa, contra el empobrecimiento social y el deterioro de los servicios públicos”.

En un intento de última hora de neutralizar el malestar de los funcionarios, el ministerio de Hacienda se reunió con las agrupaciones sindicales durante esta semana para explicarles que su intención es aprobar un incremento salarial a través de los presupuestos generales del Estado del próximo año, pero las plataformas sindicales confiesan haber pérdido la confianza en el actual gobierno: “Los empleados públicos llevamos colaborando 12 años en el pacto de rentas. La primera y única vez que nos bajaron el sueldo fue durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Nos quitó entre el 5 y el 10 por ciento, y desde entonces llevamos acumulada una pérdida de poder del 20 por ciento. Una médico, por ejemplo, ha perdido el poder adquisitivo equivalente a trabajar gratis 18 meses en la última década”, explicó el presidente de CSIF, Miguel Borra.

Desde la plataforma sindical se advirtió además que “la manifestación está abierta al conjunto de la ciudadanía y constituye un grito de protesta social contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos”, al tiempo que advirtieron que trabajaran por una subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación del poder de compra de los empleados públicos que se ha visto mermado desde 2010.

A debate el impuesto a las grandes fortunas

La protesta sindical coincidió con el debate abierto al interior del gobierno para aprobar en enero próximo lo que denominaron “el impuesto a las grandes fortunas”, que en principio sería temporal y en función de como evolucione la crisis económico y de los precios de los hidrocarburos y de la electricidad. Todavía se desconocen los detalles sobre el sector de la población que tendría que pagar ese impuesto extraordinario, aunque se asegura desde el gobierno que sólo afectará al 1 por ciento de la población, y cuánto dinero se prevé recaudar con dichas imposiciones. Desde un sector del gobierno, el ala socialista, se insiste que será temporal, mientras que desde el sector de Podemos se reclama que esa reforma se apruebe con la vista puesta a hacerla “estructural”. Los detalles se conocerán hasta finales de año.