El presidente López Obrador anunció que en 2023 de nueva cuenta habrá un “considerable” aumento al salario mínimo y su gobierno procurará, “como lo hemos hecho en otros casos –en tres de cuatro de ellos”– que el incremento “sea por consenso”. Hasta ahora, dicho crecimiento acumulado ha sido de “63 por ciento en términos reales y en la frontera el doble”, lo que sin duda ha recuperado el poder adquisitivo de los trabajadores, pero aún falta camino por recorrer para alcanzar el nivel real de más de cuatro décadas atrás, es decir, para equipararlo, no para superarlo. Habrá que ver, por allá de diciembre, de qué proporción es el “consenso” alcanzado.

No hay que olvidar que una de las políticas públicas del régimen neoliberal que mayor daño causó a la mayoría de los mexicanos fue la brutal contención salarial, con “aumentos” totalmente desproporcionados, siempre por debajo del crecimiento inflacionario y violando, sistemáticamente, el mandato constitucional (artículo 123) que a la letra dice que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

Esa contención salarial hundió al de por sí raquítico poder adquisitivo de los trabajadores, pero llenó las alforjas de la clase patronal, mientras el gobierno aseguraba que aplicaba dicha política “para contener la inflación”. Pues bien, fue tan exitosa esa “contención” que en los treinta y seis años de régimen neoliberal la inflación acumulada fue cercana a 70 mil por ciento (la información es del Inegi), cuatro veces más que el “aumento, también cumulado, a los salarios mínimos en igual periodo.

Sólo con fines ilustrativos, cuando Miguel de la Madrid se instaló en Los Pinos, el salario mínimo nacional promedio era de 318.28 viejos pesos por día (a esa cantidad hay que quitarle tres ceros), y al término de su estancia (1988) el miniingreso se había incrementado a 7 mil 252.92 viejos pesos, un aumento nominal cercano a 2 mil 200 por ciento. Sin embargo, en el mismo periodo la inflación acumulada fue superior a 4 mil 100 por ciento, de tal suerte que sólo en su sexenio el poder adquisitivo real del salario mínimo se desplomó en alrededor de 50 por ciento, y lo mismo sucedió en los siguientes gobiernos, porque la contención salarial se aplicó como política de Estado.

López Obrador subrayó que “los corruptos, ineficientes, mentirosos tecnócratas decían que si aumentaban el salario iba a haber inflación, y nosotros probamos que no. Fue una infamia lo que hicieron, porque el salario mínimo perdió cerca de 70 por ciento (casi 80 por ciento, en realidad) de su capacidad de compra en el periodo neoliberal”, y citó al Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues éste “lleva un análisis permanente sobre el poder adquisitivo del salario”.

En efecto, el CAM ha documentado que el primer día de enero de 1982 con un salario mínimo se adquirían 51 kilogramos de tortilla; para finales de octubre de 2018 con ese ingreso mínimo apenas se compraban 6 kilogramos, y lo mismo sucedía con otros alimentos básicos (leche, pan, frijol, huevo, aceite, etcétera). Pero, como apunta el mandatario, “lo que es importante destacar es que durante todo el periodo neoliberal el salario mínimo perdió poder de compra; que no se nos olvide”.

Otro ejemplo de la contención salarial y el brutal efecto inflacionario que provocaban las decisiones de esos tecnócratas: el 31 de diciembre de 1998 Ernesto Zedillo canceló el subsidio a la tortilla, porque, dijo, “la apertura comercial, la libre competencia y la entrada de nuevos participantes al mercado bajará el precio de este alimento básico”. ¿Resultado? De esa fecha al 11 de agosto de 2022 el precio del kilogramo de tortilla aumentó 3 mil 750 por ciento, contra una inflación en el periodo de 212 por ciento (el Inegi, otra vez), una diferencia cercana a 18 tantos entre un indicador y el otro.

Las rebanadas del pastel

No tarda en morder el polvo el halcón Mauricio Claver-Carone, de la gusanera de Miami, hasta hace no mucho director sénior del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental de Donald Trump, y ahora, todavía, en funciones de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero no le durará el gusto: por unanimidad, los directores ejecutivos del propio BID exigen su destitución por infringir las normas éticas de la institución.