En México viven 64 millones de mujeres, de las cuales casi la mitad no tenía acceso a servicios de salud en 2020, señala el Consejo Nacional de Población (Conapo). Es un problema al que se agregan factores como la reducción del presupuesto federal para salud sexual y reproductiva, así como la carencia de información sobre el destino del dinero, afirmó Matilde Pérez, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
La experta aseveró que hay avances importantes en el país para contar con leyes, programas y normas sobre los derechos sexuales y reproductivos de la población femenina, pero persisten retos en diversos ámbitos.
Uno lo expuso María de los Ángeles Juárez Leyva, integrante de la organización Mano Vuelta, de Oaxaca. Recordó que hace tres años se aprobó la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, pero 90 por ciento de las adolescentes desconocen este derecho y el servicio sólo está disponible en dos hospitales de la capital del estado, que tiene 570 municipios.
La activista participó ayer en un foro organizado por Fundar, en el que comentó que en la entidad todavía no hay material informativo en lenguas originarias sobre el aborto y en los nosocomios tampoco se cuenta con el abasto suficiente de materiales para practicar abortos en condiciones dignas.
Juárez Leyva también mencionó que en 2020 el estado no compró los medicamentos que se utilizan para interrumpir los embarazos, mientras en 2021 no hubo información sobre las adquisiciones.
Este es sólo un ejemplo de la problemática nacional en torno a la salud de las mujeres. Ayer también se presentaron los resultados del estudio Buscando el camino: Presupuesto y compra de medicamentos para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, realizado por Fundar.
Pérez comentó que las responsabilidades sobre los recursos económicos están diluidas, pues existen tres fuentes de financiamiento: el ramo 12 de la Secretaría de Salud; el ramo 33, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, y el anexo IV del Presupuesto de Egresos de la Federación, que administra el Instituto de Salud para el Bienestar.
Respecto del ramo 12, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva se encargó hasta 2020 de asignar los recursos y de su fiscalización. Actualmente ya no tiene esas responsabilidades ni la información sobre el uso del dinero.
Comentó que tampoco pudieron dar seguimiento al gasto del anexo IV, que se utiliza en la compra de medicamentos para los servicios de salud sexual y reproductiva.
Gabriela Rivera Reyes, oficial nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Adolescentes y Grupos Vulnerables del Fondo de Población de Naciones Unidas, planteó que la desaparición del grupo interinstitucional de salud reproductiva, en el que participaban organizaciones de la sociedad civil, ha contribuido a la deficiente transparencia y rendición de cuentas. Se perdió el esquema de diálogo con las autoridades que durante años permitió los avances en la protección de la salud de las mujeres, sostuvo.
